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25 de julio de 2014

Nota sobre diligencias previas 5072/13 que se instruyen en el juzgado de instrucción N9 de Sevilla


El sindicato UGT Andalucía viene soportando desde hace un año la difusión en algunos medios de comunicación de noticias que le atribuyen la comisión de graves delitos. La semana pasada, una vez determinado el juez competente y levantado el secreto de las actuaciones, se han dado a conocer los autos de libertad sin fianza dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 9 de Sevilla, que en sí mismos desmienten la gravedad que venía siendo atribuida a los hechos investigados.


Permanecen aun en secreto las actuaciones judiciales que se ocupan de investigar  la sustracción de documentos por empleados de la organización y que pudieran tener relación con las informaciones utilizadas por "Manos Limpias" en sus múltiples denuncias en todos los juzgados de Sevilla.
A pesar de todo, persisten determinados medios de comunicación en la diaria difusión de noticias denigratorias, que pretenden conseguir la condena social de este viejo sindicato, incrementando la presión  que desde hace meses vienen realizando sobre las autoridades judiciales competentes. Ante esta situación UGT A:
1.-  Solicita  el respeto al trabajo de los tribunales de justicia y al principio de presunción de inocencia.
2.- Denuncia la campaña denigratoria que pretende un juicio paralelo a la organización y solicita su inmediato cese a los responsables de los medios de comunicación que la sostienen.
3.- Pone en conocimiento de la opinión pública que, por lo que ha podido conocer,  no  existe la más mínima sospecha de que se hubiera producido un  desvío de fondos para enriquecimiento personal, siendo investigadas irregularidades en la gestión de subvenciones, similares a las detectadas por instituciones oficiales de control  presupuestario también en otros agentes sociales y que pudieran ser resueltas en sede administrativa.
4.- Si en el futuro fueran detectados comportamientos ilícitos, será la UGT A la que primero interesara su sanción.
5.- Precisamente por ello, y ante las informaciones de que pudieran haberse cometido irregularidades graves en la gestión de la anterior dirección,  se asumieron responsabilidades políticas dimitiendo el anterior Secretario General.
6.-   UGT-A ha ejecutado todos los programas de formación subvencionados de forma estricta y rigurosa. En ninguna de las innumerables informaciones sobre el uso de las subvenciones por UGT-A  hay la menor insinuación de que no se hayan ejecutado todos los cursos de formación subvencionados, a diferencia de lo que sí parece que ha ocurrido en relación con otras informaciones referidas a  ayudas de formación a empresarios en Madrid, Málaga y otros lugares.
7.- En relación con la información de que los gastos del sindicato se imputaban a subvenciones, hay que decir que ese hecho así planteado no es ilegal, pues la normativa sobre subvenciones y cada una de las convocatorias, recogen que los llamados gastos asociados, necesarios para la gestión y buen fin de la subvención, son imputables con un límite, que según convocatoria oscila entre el 10% y el 20%. Por ejemplo, cuando se hace mención a la existencia en UGT-A de una unidad de justificación de subvenciones, sus costes son perfectamente imputables a las subvenciones que esa unidad justifica. No hay nada ilegal en la imputación de gastos de estructura vinculados a la gestión de las subvenciones, hasta el límite señalado en cada convocatoria.
8.- En UGT- A no cabe manejo ni utilización de facturas falsas, por lo que de acreditarse que en algún supuesto se ha falseado alguna factura, quien lo haya hecho será responsable y deberá responder por ello. Pero los casos que se están refiriendo no  se trata de facturas falsas, ni falseadas, sino de ajustar sus conceptos a los requisitos formales que exigen las convocatorias de subvenciones.
9.-  En relación a los rápeles comerciales, son una figura utilizada de forma muy generalizada en el ámbito de las relaciones comerciales, en función del volumen de contratación con proveedores, y como tal perfectamente legal. Distinta puede ser la valoración cuando una parte de la contratación con proveedores lo es con fondos públicos. En este punto por parte de UGT-A, según parece haber declarado el ex Secretario de Administración de UGT-A  en el Juzgado y dado que los rápeles se perciben más de un año después de la emisión de factura, se hizo laoportuna consulta. Cabe deducir que no ha habido actitud de ocultamiento a la Administración. No obstante, UGT A se somete a lo que digan la Administración de la Junta de Andalucía y los jueces.
10.- En cuanto a los saldos de proveedores, llamados "botes", según se ha informado el ex-Secretario de Administración ha explicado que la implantación del  programa Spyro como sistema de control obedeció a que era necesario porque los saldos de proveedores se ocasionaban por las deudas que permanentemente la Junta de Andalucía  tenía con UGT-A, de manera que como ha dicho en 2012 la Junta le adeudaba 8,4 M de euros, pero que el sindicato tenía que financiar con pólizas de crédito y justificar que había pagado todo el dinero de la subvención, aunque no se hubiera recibido su importe total de la Administración. El programa Spyro se implantó, según ha declarado, para coordinar la contabilidad con las justificaciones, pero nunca para tener doble contabilidad, que ni ha existido ni existe, frente a lo que se ha dicho en algunos medios.
 Las reiteradas expresiones que se refieren a la UGT A como trama organizada o corrupta,superan con creces el límite admisible en  el ejercicio de la libertad de expresión aun que se sitúe en el contexto del enfrentamiento político o sindical. Las afirmaciones que atribuyen la comisión de hecho delictivos a la organización  superan manifiestamente el margen de lo tolerable en el debate y la crítica pública en una sociedad democrática e incurren en métodos de actuación política y en prácticas informativas inaceptables. Por todo ello esta centenaria organización, utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para dar respuesta a quienes persistan en su difamación o se empeñen en proceder a su desprestigio y aniquilación  moral.
A pesar de la campaña mediática, que pretende debilitar a los sindicatos en su acción contra  las políticas neoliberales y contra los recortes impuestos bajo la coartada de la crisis económica en nuestro país y en Europa,  UGT-A seguirá  actuando en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, como garantiza el Art. 7 de la Constitución Española, y en la defensa de los intereses generales de la clase trabajadora.  
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