En esta
ocasión los hechos se remontan al mes de mayo de 2017, cuando la Inspección
inicia las actuaciones a raíz de una denuncia presentada por esta Sección
Sindical por incumplimiento reiterado del Convenio Colectivo y del Estatuto de
los Trabajadores, tras la finalización del contrato de mantenimiento de las
instalaciones deportivas municipales que prestaba la empresa CLECE,S.A, que
tenía trabajadores procedentes de una anterior bolsa de trabajo municipal y la
contratación posterior en sustitución de éstos, de peones procedentes del
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA),
contrataciones por otra parte, que prohibía expresamente el Decreto-Ley 8/2014,
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social
a través del empelo y el fomento de la
solidaridad en Andalucía (artículo 17.4).
La resolución de la Inspección de Trabajo,
relata cómo hasta en cuatro ocasiones tuvo que requerir documentación y las dos
últimas de forma inmediata (31 de julio y 3 de agosto), que no obtuvieron
respuesta por parte del Ayuntamiento.
La denuncia presentada por esta
Sección Sindical se centraba en los siguientes incumplimientos: (1) falta de
entrega de equipos de protección individual y ropa de trabajo a los peones
contratados, (2) ausencia de formación e información en prevención de
riesgos laborales a estos mismos trabajadores, (3) incumplimiento de los
derechos de información y consulta de los representantes legales de los
trabajadores, y (4) incumplimiento del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de
junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través
del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
En relación a los equipos de
protección individual y ropa de trabajo, la Inspección de Trabajo concluye que
aunque por la escasa documentación presentada se puede deducir la entrega por
parte del Ayuntamiento de los equipos de protección, “no se acredita que
dichos equipos sean los adecuados a los riegos a los que están expuestos”.
Respecto al punto (2), manifiesta
la Autoridad Laboral, que “no queda acreditada la impartición de
formación a todos los trabajadores de mantenimiento de instalaciones deportivas
del Ayuntamiento ni que la misma fuera suficiente y adecuada para el puesto de
trabajo de ayudante de mantenimiento. Tampoco queda acreditada la impartición
de información en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales”.
Referente al cumplimiento de los
derechos de información y consulta de los representantes legales, al margen de
que la vulneración de este deber supone atentar contra la libertad sindical,
señala la Inspección, que “no se acredita por parte del Ayuntamiento de
Utrera dicho extremo”.
Y por último en lo relativo al
incumplimiento del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el
fomento de la solidaridad en Andalucía, señala la Inspección que “no es
competencia de la Inspección de Trabajo fiscalizar el incumplimiento del citado
Decreto”, sino a la Consejería competente en materia de servicios sociales,
cuestión ésta que se denunció en su día ante la citada Consejería, estando
pendiente de resolución.
Todos estos graves incumplimientos
y vulneraciones legales, además de poner de evidencia la importancia que le dan
los responsables municipales a los derechos de los trabajadores, ha supuesto
una sanción económica que por descontado no pagarán los responsables de esta
nefasta y fraudulenta gestión, sino todas/os las/os utreranas/os con sus
impuestos.
Este asunto que aún no ha
concluido, puesto que se encuentra judicializado tras la demanda presentada por
los trabajadores que fueron despedidos tras el cese de CLECE, S:A y que en el
próximo mes de abril se celebrará la vista en el Juzgado de lo Social, pone una
vez más de manifiesto las dificultades, trabas e impedimentos a los que se ven
sometidos día a día los representantes sindicales de este Ayuntamiento en la
defensa de los intereses y derechos de los trabajadores de este Ayuntamiento,
ante unos responsables municipales que no dudan en infringir una y otra vez el
ordenamiento jurídico y pisotear derechos de las trabajadoras y trabajadores,
sean fijos, interinos o contratados.
Gracias a esta denuncia y otro tipo
de actuaciones que se realizan desde esta Sección Sindical, tenemos constancia
(aunque de manera oficiosa) que los trabajadores ya han empezado a recibir la
formación en prevención de riesgos, la entrega de los elementos Epis's desde el
inicio de la prestación laboral (aunque no en todos los casos) y que a día de
hoy algunos trabajadores contratados han recibido parte del vestuario
correspondiente.
Desde esta Sección
Sindical, esperamos que los responsables municipales rectifiquen su dinámica y
cambien su forma de proceder, puesto que no tiene sentido alguno seguir por ese
camino y que perjudica a todas las partes, todo ello para que no nos veamos
abocados de nuevo a seguir por la senda de las denuncias laborales y
reclamaciones judiciales.