Señora Alaya:
Desde el más profundo respeto a la Justicia, como afiliada a la UGT, quiero
reclamarle públicamente ese mismo respeto a la labor sindical, así como
trasladarle mi interés porque la instrucción del caso de los EREs en Andalucía
culmine cuanto antes,
que caiga el peso de la ley sobre todos aquellos que se
hayan lucrado ilegalmente y se termine, de una vez por todas, con este circo
mediático que está promoviendo el linchamiento público de los sindicatos
mayoritarios, UGT y CCOO.
No obstante, me permito sugerirle que reflexione y analice si no es su manera
de proceder la que está alimentando tal linchamiento público. Porque usted sabe
perfectamente que la ley ampara la actuación del sindicato en los Expedientes de
Regulación de Empleo de empresas en crisis; usted sabe también que
gracias a
esos EREs se han salvado miles de empresas y decenas de miles de puestos de
trabajo y muchos trabajadores han podido llevar una vida digna gracias a las
prejubilaciones; y, además, que este sistema no sólo funciona en Andalucía, sino
en todo el Estado. De hecho, en la última década, los andaluces afectados por
EREs sólo representan el 5,3% del total de trabajadores afectados en España.
Así es que, señora jueza,
impute a quien tenga que imputar, pero no lance
dardos envenenados en sus Autos basándose en declaraciones de imputados, en
suposiciones o teorías no contrastadas con los señalados por el dedo acusador de
quienes, al declarar, se ven en un callejón sin salida. Sea usted ecuánime,
muéstrese imparcial, baje de su atalaya y no cargue las tintas contra quienes
nada hemos tenido que ver en esa trama corrupta.
Para su información, le diré que en la UGT somos más de un millón de
afiliados y afiliadas y decenas de miles de delegados y delegadas y cuadros
sindicales.
Y sepa que no estamos dispuestos a tolerar que se arrastre por el
fango el nombre de nuestro sindicato. Precisamente por eso la
UGT Andalucía se
ha personado desde el principio como acusación, para impedir que nadie manche o
emborrone el buen nombre de nuestra organización. Y si alguien, a título
individual, ha cometido irregularidades, que lo pague. Usted haga su trabajo y
déjenos realizar el nuestro con dignidad.
Sepa usted, señora Alaya, que en la UGT no nos temblará el pulso si alguno de
los nuestros es imputado o declarado culpable cuando se celebre el juicio.
Él o
ella dejará de ser de los nuestros inmediatamente. Nosotros no despediremos a
nadie en diferido ni haremos una simulación de despido,
lo expulsaremos de la
UGT sin demora, en el momento que tengamos constancia de su actuación irregular,
sin contemplaciones, sin excusas ni falsas componendas, porque no queremos
corruptos en nuestra organización.
Contamos con unos Estatutos, un código ético
y unas normas internas de obligado cumplimiento. Y los utilizaremos para
depurar las responsabilidades a que haya lugar.
Dedíquese pues a instruir el caso con celeridad y no alimente con su manera
de proceder la calumnia que difunden con avidez desbordada la caverna mediática
y los enemigos declarados de los sindicatos de clase, la de que los sindicatos
nos dedicamos a captar y promover Expedientes de Regulación de Empleo para
cobrar comisiones ilegales y que los prejubilados de los EREs son todos unos
chorizos intrusos.
Nada más lejos de la verdad, como bien sabe, y nada más
injusto.
Atentamente,