A finales de agosto la Unión General de Trabajadores de Andalucía creó una Comisión interna que estudiara las acusaciones vertidas por algunos medios de comunicación a propósito de nuestra contabilidad. Les hemos convocado para hacer una valoración pública de sus primeros análisis, tal como nos habíamos comprometido a hacer.
Para que tengan una visión de conjunto de la tarea encomendada, les doy algunas cifras. Perdonen si algunas ya las conocen, pero es relevante para entender lo ridículo de las acusaciones que se formulan contra nosotros, y el inmenso trabajo que toma verificar que toda la documentación está en orden.
La Unión General de Trabajadores de Andalucía tiene unos 200.000 afiliados. Se trata de la mayor organización de trabajadores y trabajadoras de España. Vive de las cuotas mensuales de sus afiliados, que pagan al mes 11,35 € euros. Con esos fondos, se les provee de servicios en la defensa de sus derechos laborales, y se pagan los gastos corrientes de la organización. Pero además de esa actividad, la Unión gestiona al año aproximadamente 30 millones de euros en programas públicos.
Desde hace 25 años, parte de esos fondos se destinan a planes de formación dirigidos a personas desempleadas. Al año impartimos unos 450 cursos, que preparan para el empleo a unas 6.500 personas cada año, en un centenar de especialidades. Hoy mismo, en este mismo día, hay en Andalucía un millar de personas en el paro que están aprendiendo labores tan diversas como informática, idiomas, soldadura o reparación de vehículos. Lo hacen gracias al dinero público de Andalucía, de España y de Europa. Y también gracias a la gestión de la Unión General de Trabajadores, que no se limita a defender los derechos de sus afiliados o de los trabajadores en general. También ayuda, como ven, a quienes no tienen la fortuna de trabajar.
Otra parte importante de los fondos públicos se destina a la formación continua de quienes sí trabajan. En Andalucía pueden ser entre 1.400 y 1.900 cursos al año; entre 22.000 y 30.000 trabajadores en cursos tan variados como diseño gráfico, cocina, energías renovables, etc. Además, la Unión General de Trabajadores de Andalucía forma a inmigrantes para mejorar su adaptación y su integración; ayuda a personas con discapacidad en esos mismos objetivos; tiene planes específicos para personas mayores de 45 años, que siempre encuentran más dificultades en el acceso al empleo; o para los jóvenes que buscan trabajo; o para reclusos y reclusas para facilitar su inserción social y laboral.
El 90 por ciento de la actividad formativa de UGT Andalucía es presencial. A lugares más aislados o de difícil acceso llegamos incluso con aulas móviles. Gracias al programa Aulabus, en los últimos años más de 2.000 personas han tenido acceso a 150 cursos de 50 especialidades diferentes. Por toda Andalucía, UGT tenía 31 unidades de orientación y 161 asesores que han ayudado en los últimos cuatro años a más de100.000 personas a buscar empleo de manera personalizada.
Miren: para cualquiera de esos programas formativos, y para un solo año de gestión, puede haber unos 12.500 folios de documentación que se entrega a quien concede la subvención correspondiente, que suele ser en nuestro caso la Junta de Andalucía. Gestionamos cada año una decena de esos programas. En números redondos, eso supone que en un solo año la UGT Andalucía entrega unos 125.000 folios con la justificación contable de los fondos que recibe. Cada uno de esos folios conlleva a su vez quizá unos 30 apuntes contables, con sus correspondientes justificantes. Hablamos, por tanto, y la cifra es puramente ilustrativa, de unos tres millones de documentos y apuntes contables al año para justificar los programas que reciben subvención pública. Unos tres millones de documentos justificados, auditados, entregados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Si multiplicamos por cuatro – los años cubiertos en las informaciones publicadas, estamos hablando de unos 500.000 folios y unos 12 millones de documentos contables de diverso tipo. Todos ellos justificados, auditados, entregados y fiscalizados. En fin, quería, antes de referirme a la información que nos ha hecho llegar la Comisión, que supieran más o menos del volumen de la información que estamos tratando.
Veámos ahora qué nos dice la Comisión:
La Comisión se creó el día 29 de agosto y ha estudiado las acusaciones aparecidas en esos mismos medios de comunicación hasta el día 13 de septiembre. En su estudio se han revisado aproximadamente 1.500 documentos contables: facturas, albaranes y contratos, entre otros. La Comisión nos ha manifestado que su primera evaluación es provisional, y que necesita aún tiempo para seguir estudiando la documentación que, como les he dicho, es muy abundante. La Comisión podrá seguir por tanto estudiando y revisando la documentación.
Pues bien, aquí están las conclusiones provisionales que podemos extraer del trabajo de la Comisión. Son tres:
Primera: Hasta hoy no se ha detectado ninguna actuación que suponga desvío de fondos, contabilidad encubierta, contabilidad B, ocultación, enriquecimiento de nadie, ni menos aún saqueo, fraude o malversación. Las acusaciones, por tanto, son falsas, intencionadas, tendenciosas o engañosas.
Segunda. Al contrario de lo que se afirma o lo que se quiere sugerir: la contabilidad es única, transparente, con todo su soporte documental al día. En todos los casos estudiados se recogen en la contabilidad los gastos realmente efectuados y por el importe facturado por el proveedor.
Y tercera. A alguien puede parecerle que un determinado gasto puede ser o no imputado a una determinada partida. Bien: dentro de las normas contables hay cierto margen para la interpretación. Nosotros podemos considerar que un gasto puede imputarse contra una partida presupuestaria. En eso puede haber discrepancias o interpretaciones. En muchos casos, de hecho, la Administración nos dice que un gasto no puede imputarse de tal forma y lo corregimos o, directamente, lo pagamos nosotros. Esto es habitual en la relación de la Administración Pública con quienes realizan para ella servicios públicos.
Estas son las tres conclusiones que podemos extraer de los trabajos de la Comisión. Pero insisto: son preliminares. La Comisión seguirá analizando y, si hubiera novedades relevantes se las haríamos saber a ustedes.
Permítanme ahora hacer alguna consideración adicional, de forma breve:
Primera consideración: se ha presentado de manera reiterada y torticera el concepto de “bote” como si se tratara de un importe con el que la UGT de Andalucía pedía a sus proveedores que inflaran facturas para quedarse con los sobrantes. Esa acusación es también falsa. Rotundamente falsa.
La ingente labor contable que les he descrito anteriormente (aproximadamente 12 millones de documentos y unos 500.000 folios en los últimos cuatro años), requiere de miles de conversaciones y miles de correos electrónicos: con proveedores, alumnos, profesores, administraciones… Con frecuencia se remite una factura o un albarán por un producto o un servicio que será justificado más tarde con otras facturas u otros albaranes a cuenta de una partida presupuestaria o una subvención determinada. Con algún proveedor alguien puede utilizar el poco afortunado concepto de “bote” para referirse a esa cuenta abierta pendiente de ajuste final. Eso es el “bote”. Es falso también, en conclusión, por lo que sabemos hasta hoy, que se inflaran facturas para obtener un beneficio a cuanta de gastos no ejecutados. Esa acusación es falsa por completo.
Otras veces, entre proveedores, clientes y Administraciones, se piden correcciones de conceptos para que se ajusten con precisión al objeto de la subvención pública. Cualquiera que trabaja en administración, en una organización pública o privada, sabe que esos cambios de concepto son habituales, normales e inocuos, en España y en el mundo entero. Ajustar el concepto en una factura no es falsearla. Es falso también, en conclusión, que la Unión General de Trabajadores de Andalucía, por lo que sabemos hasta hoy, manejara facturas falsas. Pueden, en fin, entre unos 12 millones de documentos, apuntes y conversaciones, utilizarse conceptos más o menos inoportunos; puede haber algunos gastos mal imputados, apuntes cuestionables, interpretaciones contables discutibles… Pero insistimos: la Contabilidad de la Unión General de Trabajadores de Andalucía es única, transparente, ordenada y correcta.
Segunda consideración:
Naturalmente, el volumen de la contabilidad no nos exime de responsabilidad: quien administra, como nosotros, dinero de todos los ciudadanos, debe reducir al máximo posibles errores, por pequeños que sean. Por eso queremos que se siga revisando todo lo que sea necesario. Tengan la seguridad de que, en caso de que se encontrara algún error, se subsanaría y se corregiría. Y que si hubiera responsabilidades, se depurarían.
Tercera consideración:
Creemos que es importante que ustedes sepan que hasta este momento no se ha recibido ni una sola notificación ni citación de juzgado alguno. Lo único que sabemos es que una organización de extrema derecha ha planteado contra nosotros una demanda. Lo sabemos por lo publicado en los medios de comunicación porque aquí no tenemos la más mínima comunicación oficial. Sería bueno que para poder defendernos quien crea que hemos cometido infracciones o delitos los denunciara en el juzgado y el juzgado nos citara cuanto antes.
Y cuarta y última consideración:
En cuanto tuvimos noticia de las acusaciones porque las leímos en algunos medios, pedimos que una Comisión las estudiara; fuimos al notario y depositamos allí un fondo por si hubiera que hacer frente a gastos que no estuvieran correctamente justificados; pusimos en manos del notario también el disco duro de nuestra contabilidad para que no haya dudas de su limpieza. Y estamos aquí respondiendo ante ustedes frente a acusaciones que, hoy por hoy, proceden sólo de unos cuantos medios de comunicación.
En definitiva, por si alguien sigue interesado en meternos a todos en el mismo saco, aquí nadie ha borrado discos duros, sino al contrario: los ha llevado al notario. Aquí nadie tenía una contabilidad B, sino al contrario: en la única contabilidad que había se recogían los gastos tal cual. Aquí nadie ha aplicado sobrecostes ni sobresueldos, sino al contrario: cada gasto está minuciosamente justificado: podemos interpretar si debe apuntarse en una partida o en otra, pero todo está correctamente detallado. Aquí nadie ha abierto una cuenta en Suiza. Al contrario: las justificaciones de nuestros gastos a cuenta de fondos públicos están entregadas y son revisadas y están sometidas a control estricto. Aquí no hay nadie imputado. Al contrario: hasta le fecha no hemos recibido ni una sola notificación judicial.
No aceptamos, por tanto, por lo que conocemos de nuestra actividad y por la honradez con que la ejercemos habitualmente, que se abra una causa general contra la Unión General de Trabajadores, sencillamente porque no es justo y no lo merecemos.
En resumen:
De ninguna de las acusaciones que se han planteado contra la UGT, las que la Comisión ha estudiado y otras que se han publicado, se deduce por ahora que haya habido enriquecimiento o aprovechamiento personal de nadie; hasta la fecha, en ningún caso se deduce que haya habido voluntad de ocultamiento, puesto que los apuntes reflejan todos ellos gastos y conceptos reales; en ningún caso puede deducirse ni trama, ni corrupción, ni nada parecido. Las acusaciones, por lo que sabemos hasta hoy, son falsas, tendenciosas o interesadas.
Quien quiera que se haya hecho con nuestros documentos estará probablemente buscando en cada apunte cualquier cosa para desprestigiar a la UGT. Y es muy probable que lo logre sacando datos de contexto, exagerando hechos o alterando las informaciones. Es fácil encontrar lo que busca entre tres millones de documentos contables que genera nuestra actividad cada año.
Nosotros no vamos a contestar cada día a sus acusaciones. Seguiremos mirando nuestra contabilidad para ajustar lo que sea necesario y corregir errores si los vemos. Pero no perderemos más tiempo que el imprescindible en responder a quien no quiere escuchar y no quiere ver.
Termino ya, resumiendo en 30 segundos:
De la información preliminar se deduce que no hay ni sombra de corrupción en nuestras actuaciones. Decir lo contrario es mentir, y ofender con ello la dignidad y la honradez de una institución como la UGT Andalucía, que trabaja en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
