RIESGO PARA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PASEO DE CONSOLACIÓN

COMUNICACIÓN DE RIESGOS

En el ejercicio de nuestra labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, en virtud de la facultad reconocida en el Art. 36.2.e) de la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales a los/las Delegados/as de Prevención, hemos comprobado en los Puestos de Trabajo del personal contratado en Paseo de Consolación, a través del programa PFOEA, Plan de Empleo Municipal  y Emple@Joven, la falta de Equipos de Protección Individual adecuados para el desempeño de la actividad laboral, en concreto el uso de calzado de seguridad, protecciones auditivas, protecciones oculares,  y cascos de protección. La inexistencia de dichos equipos genera una situación de riesgo para los/las trabajadores/as.

A raíz de la visita efectuada el día 21 de febrero de 2018 a la obra en concreto, se ha detectado lo siguiente:

• En las tareas de demolición de losas para la extracción de las papeleras dispuestas en el itinerario peatonal del propio Paseo, se ha presenciado como un Oficial Albañil perteneciente al plan PFOEA, no está utilizando los epis que corresponden a dicha tarea asignada, como son los protectores auditivos (UNE-EN 352-1:2003) y protectores oculares (UNE-EN 1731:2007). Dicho trabajador asegura que lo tiene solicitado pero que hasta la fecha aún no se le ha facilitado. 

• Del movimiento de tierras que se está realizando con retroexcavadora, hemos comprobado que varios trabajadores (oficiales y peones)  han estado expuestos a riesgo grave por no llevar cascos de seguridad (UNE-EN 397) estando dentro del radio de acción del brazo de la máquina retroexcavadora. 

• De entre los peones, se ha comprobado que cuatro de ellos, que son los que están haciendo labores de albañilería, utilizando hormigonera, carrillo de mano con mortero, ladrillos, colocación de material en la zanja donde está actuando la retroexcavadora, etc., no disponen de calzado de seguridad S3 (UNE –EN  ISO 20345) generando una situación de riesgo grave para su seguridad.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 17.2 de la ley 31/95, "El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios".

El REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se califica como falta grave en su Artículo 12.16: "Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia del apartado f) sobre Medidas de Protección Colectiva o Individual."

Tomando todo ello en consideración y, previo a la adopción de otras medidas, hemos SOLICITADO que sean suministrados a los/las trabajadores/as, Equipos de Protección Individual adecuados que permitan garantizar el desarrollo de su labor en condiciones de seguridad y salud, a la máxima brevedad posible.

De acuerdo con lo establecido en la LPRL, si no se facilita de carácter inmediato la entrega de los epis anteriormente mencionados, nos veremos en la obligación de paralizar la actividad en dicha obra hasta que reúna las condiciones en seguridad y salud apropiadas para todos los trabajadores.

En el caso de no recibir respuesta o solución viable por parte del Ayuntamiento, nos veremos en la obligación de ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la LPRL.

EL AYUNTAMIENTO RECONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO ANTE EL JUEZ

El artículo 29 del vigente Convenio Colectivo establece literalmente que:

“Artículo 29. Ropa de trabajo.

A todo el personal que ocupe puestos en la Relación de Puestos de Trabajo y que conforme a su puesto sea necesario, el Ayuntamiento suministrará cada año, y siempre coincidiendo en el mes de febrero, los uniformes pertinentes tanto de invierno como de verano.

Para el personal con contrato temporal superior a tres meses se les suministrará desde su ingreso, los uniformes correspondientes de invierno o verano, según corresponda. De todo vestuario que se necesite, habrá siempre un stock suficiente para posibles cambios por rotura, deterioro o dotación nueva de personal recién contratado. El uso de las prendas, se entiende de carácter obligatorio para todos los trabajadores, durante todo el tiempo de la jornada laboral. Con independencia de lo expuesto, a los trabajadores de este Ayuntamiento, se les suministrara los uniformes pertinentes que se acuerden en la Comisión de Vestuario, que estudiará la idoneidad de modificar el tipo de prenda, así como los tipos de prendas ofertados (Anexo II). Todo personal con dotación a uniformes, que sufra anomalías en los pies y con la debida prescripción facultativa médica, tendrá el calzado con arreglo a su circunstancia para las funciones de trabajo.

Todas aquellas personas que necesiten ropa de trabajo, y no estén reflejadas en el Anexo II, la Comisión de ropa estimará el vestuario que se precise, una vez estudiado y acordado si procede.

Dichas prendas no serán de propiedad del trabajador. Antes de 31 de Marzo de 2009 se procederá a aprobar un Reglamento regulador de la ropa de trabajo.”

Tras la denuncia que presentara esta Sección Sindical el 20 de diciembre de 2016 ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del Convenio Colectivo y el posterior planteamiento del conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social, el Ayuntamiento reconoce ante el titular del Juzgado nº 9 de lo Social de Sevilla, el reiterado incumplimiento del artículo 29 del Convenio Colectivo vigente y solicita momentos antes del comienzo del juicio para evitar así la sentencia condenatoria, un acuerdo con la parte sindical, mediante un acto de conciliación posteriormente formalizado a través de un Decreto del Letrado de la Administración de Justicia.

Esta sección sindical ante el reconocimiento del Ayuntamiento del incumplimiento retirado del Convenio Colectivo y teniendo en cuenta que dentro del vestuario laboral se encuentran elementos de protección individual (Epi's) y que la falta de estos está poniendo día a día en grave riesgo la seguridad y salud de los trabajadores municipales; tras la celebración de una Asamblea de Delegados presentes en el Juzgado, decidió aceptar la propuesta de la letrada representante del Ayuntamiento de Utrera y que se establece en los siguientes términos:

“El Excmo. Ayuntamiento de Utrera se compromete a la entrega de vestuario contemplado en el Anexo 2 del Convenio Colectivo correspondiente al año 2017 a toda la plantilla municipal antes del 20-5-2018”.

Asimismo el Excmo. Ayuntamiento de Utrera se compromete a la entrega de vestuario contemplado en el Anexo 2 del Convenio Colectivo correspondiente al año 2018 a toda la plantilla municipal antes del 20-9-2018.”

Es triste y lamentable que hayan tenido que decirle primero la Inspección de Trabajo y posteriormente reconocer ante los tribunales de justicia que se está incumpliendo el Convenio Colectivo, para que el Ayuntamiento reaccionara y se comprometa a cumplir la legalidad vigente, cuando como hemos dicho en otras ocasiones, deberían ser garantes de la legalidad y ejemplo para la ciudadanía y los contribuyentes.

Esperemos que esto haga reflexionar y cambiar de actitud en lo sucesivo a los responsables municipales y que está vez sí cumplan con sus obligaciones legales y lo ordenado por las Autoridades, pues de lo contrario estaríamos hablando del incumplimiento ya de una resolución judicial, que tiene el mismo valor ejecutivo que una Sentencia.

EN DEFENSA DE LO PÚBLICO

No podemos asistir impasibles, o al menos callados, ante lo que está siendo un ataque sistemático y frontal al empleo público municipal. Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno estamos viendo como se van amortizando plazas de oficios (albañiles, fontaneros, conductores, etc) y no son restituidas en las correspondientes modificaciones de plantilla y posteriores ofertas públicas de empleo.

Además, estamos comprobando como cada vez son más las externalizaciones que se hacen, en busca de una privatización de los servicios públicos; privatizaciones por su parte que en la mayoría de los casos dejan mucho que desear, bien sea por las empresas adjudicatarias que, salvo honrosas excepciones, lo único que buscan es el máximo beneficio sin tener en cuenta la calidad en la prestación de los servicios y sin tener en cuenta ni mucho menos los derechos de los trabajadores.

Recientemente hemos asistido al anuncio lanzado por el gabinete de prensa municipal, de la puesta en marcha de un servicio para el “mantenimiento urbano de las calles y los espacios públicos” con un presupuesto de 400.000 euros. Servicio que pretenden licitar en dos contratos.

En la noticia el propio Ayuntamiento reconoce que el crecimiento que ha experimentado la ciudad en los últimos años “no ha venido acompasado de un crecimiento en la plantilla municipal con la que atender de forma apropiada a toda la ciudad”. Pero para solucionar esta obviedad, en vez de incrementar la plantilla municipal aumentando las plazas necesarias o bien creando unas bolsas de empleo legales y transparentes, prefieren privatizar un servicio que históricamente se ha venido realizando por empleados municipales, con la garantía de unos trabajos hechos para perdurar en el tiempo. 

Pero lo triste y lamentable es que todo esto se produce a raíz de un fraude que cometen los partidos gobernantes, la coalición PSOE-A/IU, dado que en el programa de gobierno que firman tras las elecciones municipales de 2015, las famosas 100 medidas de gobierno, incluían la “remunicipalización de los servicios”, es decir, todo lo contrario a lo que han hecho en estos dos años y medio de gobierno.

Es igualmente incomprensible como en ayuntamientos del mismo signo político de nuestro entorno se están aplicando políticas totalmente diferentes a las que se imponen aquí (potenciando y defendiendo los servicios públicos), pareciendo que pertenecieran a distintas formaciones políticas o fueran independientes dentro de un mismo partido. Irracional.

Por todo ello, esta sección sindical no puede permanecer callada -dado que la libertad de expresión no nos la pueden cercenar, aunque algunos ya quisieran- ante esta decisión que va en contra de los intereses de los empleados municipales y de los utreranos en general, pues está más que demostrado, como antes apuntábamos, que en la inmensa mayoría de las privatizaciones pierden los trabajadores en sus condiciones laborales, y los ciudadanos en general, por la baja y mala calidad en la prestación de estos servicios y en la ejecución de las obras.

A todo esto hay que sumarle la falta de talante y buena fe que han demostrado en la negociación colectiva, y que salvo “cantosas” excepciones tienen a la plantilla municipal descontenta, desmotivada y decepcionada, visto el horizonte que se vislumbra. Prueba de ello es lo ocurrido con los últimos concursos y comisiones de servicio forzosas, asignadas a dedo, entendiéndose ahora por qué no quieren regular la provisión de puestos de trabajo en este Ayuntamiento y que tantas veces hemos reclamado, para poder hacer y deshacer a su antojo.