La necesidad del salario máximo

Vicenç Navarro

El enorme incremento de las desigualdades que hemos estado viendo en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte (y muy en particular en EEUU, el Reino Unido y España) ha reavivado el debate sobre la necesidad de incrementar el nivel salarial de los sectores con menos ingresos de la sociedad a fin de evitar el deterioro de sus ingresos en relación con los del resto de la población asalariada. De ahí las presiones para que se suban los salarios mínimos, medida que en realidad favorece no solo a los trabajadores con salarios bajos sino a todos los demás, pues el aumento del salario mínimo favorece el incremento del nivel salarial de la gran mayoría de asalariados, pues dicho aumento refuerza al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial. En realidad, la reducción salarial (que generalmente acompaña al elevado desempleo) es la medida que favorece el empresariado, pues debilita al mundo del trabajo y con ello disminuyen la gran mayoría de salarios. Por el contrario, el aumento del salario mínimo y un descenso del desempleo favorecen al mundo del trabajo en su negociación con el empresariado.

Ahora bien, esta medida, aunque positiva y necesaria, tendría poco impacto en el enorme nivel de desigualdades que estos países han estado experimentando. Y la causa de ello es que el gran crecimiento de las desigualdades se debe al enorme crecimiento de la concentración de la riqueza y de las rentas en una minoría de la sociedad que deriva sus ingresos bien de las rentas del capital, bien de la gestión de la propiedad del capital, es decir, de lo que antes se llamaba los capitalistas y los gestores del capital, entre los cuales, los gestores del capital financiero (es decir, los banqueros y gestores de instituciones financieras) son los más beneficiados de esta concentración. Son personas, estas últimas asalariadas, que reciben todo tipo de beneficios salariales, en unos términos y en unas cantidades muy por encima de los de la gran mayoría de la población asalariada.

Cuando analizamos cómo han ido evolucionando las rentas de la población, vemos, pues, que las rentas superiores han ido creciendo mucho más rápidamente que las rentas de la gran mayoría de la población. Así, los cien dirigentes empresariales más bien pagados en aquellos países han pasado de ingresar 20 veces la renta del trabajador promedio en los años ochenta, a 60 veces en 1998 y 160 veces en 2012.

Este crecimiento se atribuye, en círculos económicos próximos al capital financiero, al crecimiento de la productividad de esos empresarios. Este es el argumento que constantemente se presenta para justificar el crecimiento desmesurado de las rentas superiores. El error y la falacia de dicho razonamiento es fácil de mostrar. El que tales remuneraciones hayan crecido tanto en estos países no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con incrementos de productividad, sino con el poder político que estos sectores muy minoritarios tienen. A más poder político mayor es el crecimiento de su riqueza.

Por qué los salarios de los banqueros y de los grandes empresarios son tan altos

Y la manera como se expresa este poder es también fácil de ver. Miren la política fiscal. Donde estos ingresos han subido más rápidamente ha sido donde el gravamen fiscal real (y no el nominal o teórico) que existe sobre las rentas del capital y sobre los salarios de los individuos de mayor renta ha descendido más. El gravamen de las rentas superiores ha ido descendiendo de una manera muy notable, siendo esta una de las causas del aumento de las desigualdades.

De este análisis se derivaría que la solución –es decir, la disminución de las enormes desigualdades– pasaría por un aumento muy notable y muy generalizado del gravamen a las rentas derivadas de la propiedad y también de la gestión del capital, lo cual no ocurriría a no ser que haya un giro de casi 180º en la relación capital-trabajo en estos países. La mayor causa del crecimiento de las desigualdades es el enorme incremento del poder político del capital sobre el mundo del trabajo (verCapital-Trabajo: el origen de la crisis actual, Le Monde Diplomatique, julio de 2013).

El hecho de que ello no ocurra no se debe a que la población se haya ido derechizando. En realidad, el grado de tolerancia de la mayoría de la población a los lados del Atlántico Norte hacia las desigualdades ha disminuido exponencialmente. Unos porcentajes elevadísimos de la población (del 74% al 82%) señalan que las desigualdades son demasiado elevadas. Ahora bien, la captura del estamento político por dichos sectores sociales explica la continuidad y permanencia de estas desigualdades. Ello explica que en los países cuyo sistema democrático permite formas de democracia directa como referéndums, haya habido un número creciente de propuestas para limitar el salario máximo. El caso más reciente fue el ocurrido en Suiza, en el que se puso a referéndum la propuesta de que ningún salario fuera más de 12 veces superior al salario mínimo (un abanico salarial mucho más reducido que el existente hoy en la mayoría de países de economías avanzadas). Es interesante que un 35% de la población votara a favor, un porcentaje mucho mayor de lo que se esperaba, en el primer intento de controlar directamente las desigualdades. Sería interesante que ese referéndum se hiciera en España (donde las enormes limitaciones de la democracia no permiten tales tipos de referéndums).

En EEUU ha habido un movimiento bastante exitoso en varios Estados que exige no ya el salario mínimo, sino un salario decente (fair wages), de manera que en muchos contratos con autoridades públicas se exige este tipo de salario en lugar del salario mínimo. Sería muy importante que en España hubiera un movimiento, liderado por los sindicatos, que exigiera a las autoridades públicas no contratar a empresas que pagaran menos que lo que se debería definir como salario digno, añadiendo, además, la necesidad de que se hiciera un referéndum, como se hizo en Suiza, limitando el nivel salarial del uno por ciento de la población con nivel de renta superior del país.

PROPUESTA UGT AL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA EMPLEADOS AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En relación al Plan de Formación propio del Ayuntamiento de Utrera para este año 2014, esta Sección Sindical ha propuesto para dicho plan de formación los siguientes cursos:

• Aplicación práctica Decreto de Accesibilidad en edificios públicos.

• Técnicas de archivo electrónico y optimización de la gestión.

• Mantenimiento diario de zonas verdes.

• Gestión de la calidad en las AA.PP.

• Manejo y conducción de vehículos especiales. Mini retroexcavadoras y cargadora. Dumper o autovolquete.

• Información y atención al ciudadano.

Para más  información relativa a  estos cursos dirigete a tu sección sindical en el Ayuntamiento. 

Rajoy y su gobierno retrasa, recorta, y disminuye las pensiones de jubilación de los desempleados de mayor duración

Público.es

El Gobierno del PP ha decidido continuar los recortes por la última prestación del estado de bienestar. Reducidas la educación, la sanidad, anulados los fondos para la Ley de Dependencia y ahora en vías de reducción de los servicios sociales municipales, los pensionistas han visto sus pensiones congeladas "ad eternum", pero esto no bastaba. La reforma proyectada sólo entrará en vigor en 2019, porque su aplicación inmediata destruiría electoralmente al Gobierno y sería a todas luces ilegal. Y lo que no puede hacerse con luz y taquígrafos, se disimula con un "criterio" que ningún afectado conoce.

En Seguridad Social un criterio se emite cuando hay una laguna legal o diferencias de interpretación sobre una norma. pero este nuevo "criterio" cambia, allí dónde no había dudas ni discusiones, la forma de actuar de la Administración sobre décadas. Básicamente, considera a todos los efectos a quienes están pagando un convenio especial como afiliados ocupados y en alta.

El convenio especial es una vía de la que dispone un trabajador que no desea que su pensión, después de llevar treinta años pagando por una base alta, se calcule sobre las bases mínimas. La norma establece que su incorporación al Sistema solo existe para este abono de cotizaciones, y precisa de una norma "con rango suficiente" para una incorporación plena.

Ahora el convenio no solo no mejora la protección del que lo suscribe, sino que como ya no está despedido, le impide jubilarse aunque no cobre ningún salario durante años. Considera a todos los efectos que esta instrucción interna de la Administración le incorpora al sistema plenamente.

Resultado, la jubilación se retrasa al menos dos años. Y lo que es peor, la norma tiene, contra lo que establece nuestra Constitución, criterios retroactivos, porque los convenios abonados antes de que saliera la instrucción modifican la edad de jubilación a posteriori.

Con lo que los despedidos del futuro se van a encontrar con pensiones más bajas, aunque lleven la vida cotizando por bases altas. Y esto desincentiva la cotización, como la reforma en vigor, en un momento en el que los ingresos son necesarios. pero perjudica especialmente a los peor tratados, a los despedidos que llevan con más de cincuenta años años y años sin encontrar un trabajo.

La norma va a tener efectos demoledores. Los despedidos con acuerdos singulares con sus empresas las demandarán por incumplimiento de condiciones, al quedar dos años sin protección. Los que no puedan encontrar este alivio quedarán condenados a la miseria.

Porque, además, en abundante normativa autonómica los beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción Social no pueden estar afiliados a la Seguridad Social, con lo que esta interpretación ampara que salgan de la garantía social. Eso sí, considerándoles ocupados a todos los efectos. Quienes suscriban un convenio podrán incorporarse a las estadísticas de "Afiliados ocupados", con lo que Rajoy acaba de conseguir su ideal de trabajador perfecto, alguien que no cobra un euro pero figura en las estadísticas como ocupado.

Esperemos que los Tribunales frenen esta nueva agresión, pero los ciudadanos tampoco podemos quedar impasibles.

A los parados de larga duración de más de 55 años se les prejubilará a los 61

Los parados de larga duración de más de 55 años se les prejubilará los 61 de manera forzosa

Nota sobre diligencias previas 5072/13 que se instruyen en el juzgado de instrucción N9 de Sevilla

El sindicato UGT Andalucía viene soportando desde hace un año la difusión en algunos medios de comunicación de noticias que le atribuyen la comisión de graves delitos. La semana pasada, una vez determinado el juez competente y levantado el secreto de las actuaciones, se han dado a conocer los autos de libertad sin fianza dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 9 de Sevilla, que en sí mismos desmienten la gravedad que venía siendo atribuida a los hechos investigados.

Permanecen aun en secreto las actuaciones judiciales que se ocupan de investigar  la sustracción de documentos por empleados de la organización y que pudieran tener relación con las informaciones utilizadas por "Manos Limpias" en sus múltiples denuncias en todos los juzgados de Sevilla.

A pesar de todo, persisten determinados medios de comunicación en la diaria difusión de noticias denigratorias, que pretenden conseguir la condena social de este viejo sindicato, incrementando la presión  que desde hace meses vienen realizando sobre las autoridades judiciales competentes. Ante esta situación UGT A:

1.-  Solicita  el respeto al trabajo de los tribunales de justicia y al principio de presunción de inocencia.

2.- Denuncia la campaña denigratoria que pretende un juicio paralelo a la organización y solicita su inmediato cese a los responsables de los medios de comunicación que la sostienen.

3.- Pone en conocimiento de la opinión pública que, por lo que ha podido conocer,  no  existe la más mínima sospecha de que se hubiera producido un  desvío de fondos para enriquecimiento personal, siendo investigadas irregularidades en la gestión de subvenciones, similares a las detectadas por instituciones oficiales de control  presupuestario también en otros agentes sociales y que pudieran ser resueltas en sede administrativa.

4.- Si en el futuro fueran detectados comportamientos ilícitos, será la UGT A la que primero interesara su sanción.

5.- Precisamente por ello, y ante las informaciones de que pudieran haberse cometido irregularidades graves en la gestión de la anterior dirección,  se asumieron responsabilidades políticas dimitiendo el anterior Secretario General.

6.-   UGT-A ha ejecutado todos los programas de formación subvencionados de forma estricta y rigurosa. En ninguna de las innumerables informaciones sobre el uso de las subvenciones por UGT-A  hay la menor insinuación de que no se hayan ejecutado todos los cursos de formación subvencionados, a diferencia de lo que sí parece que ha ocurrido en relación con otras informaciones referidas a  ayudas de formación a empresarios en Madrid, Málaga y otros lugares.

7.- En relación con la información de que los gastos del sindicato se imputaban a subvenciones, hay que decir que ese hecho así planteado no es ilegal, pues la normativa sobre subvenciones y cada una de las convocatorias, recogen que los llamados gastos asociados, necesarios para la gestión y buen fin de la subvención, son imputables con un límite, que según convocatoria oscila entre el 10% y el 20%. Por ejemplo, cuando se hace mención a la existencia en UGT-A de una unidad de justificación de subvenciones, sus costes son perfectamente imputables a las subvenciones que esa unidad justifica. No hay nada ilegal en la imputación de gastos de estructura vinculados a la gestión de las subvenciones, hasta el límite señalado en cada convocatoria.

8.- En UGT- A no cabe manejo ni utilización de facturas falsas, por lo que de acreditarse que en algún supuesto se ha falseado alguna factura, quien lo haya hecho será responsable y deberá responder por ello. Pero los casos que se están refiriendo no  se trata de facturas falsas, ni falseadas, sino de ajustar sus conceptos a los requisitos formales que exigen las convocatorias de subvenciones.

9.-  En relación a los rápeles comerciales, son una figura utilizada de forma muy generalizada en el ámbito de las relaciones comerciales, en función del volumen de contratación con proveedores, y como tal perfectamente legal. Distinta puede ser la valoración cuando una parte de la contratación con proveedores lo es con fondos públicos. En este punto por parte de UGT-A, según parece haber declarado el ex Secretario de Administración de UGT-A  en el Juzgado y dado que los rápeles se perciben más de un año después de la emisión de factura, se hizo laoportuna consulta. Cabe deducir que no ha habido actitud de ocultamiento a la Administración. No obstante, UGT A se somete a lo que digan la Administración de la Junta de Andalucía y los jueces.

10.- En cuanto a los saldos de proveedores, llamados "botes", según se ha informado el ex-Secretario de Administración ha explicado que la implantación del  programa Spyro como sistema de control obedeció a que era necesario porque los saldos de proveedores se ocasionaban por las deudas que permanentemente la Junta de Andalucía  tenía con UGT-A, de manera que como ha dicho en 2012 la Junta le adeudaba 8,4 M de euros, pero que el sindicato tenía que financiar con pólizas de crédito y justificar que había pagado todo el dinero de la subvención, aunque no se hubiera recibido su importe total de la Administración. El programa Spyro se implantó, según ha declarado, para coordinar la contabilidad con las justificaciones, pero nunca para tener doble contabilidad, que ni ha existido ni existe, frente a lo que se ha dicho en algunos medios.

 Las reiteradas expresiones que se refieren a la UGT A como trama organizada o corrupta,superan con creces el límite admisible en  el ejercicio de la libertad de expresión aun que se sitúe en el contexto del enfrentamiento político o sindical. Las afirmaciones que atribuyen la comisión de hecho delictivos a la organización  superan manifiestamente el margen de lo tolerable en el debate y la crítica pública en una sociedad democrática e incurren en métodos de actuación política y en prácticas informativas inaceptables. Por todo ello esta centenaria organización, utilizará todos los instrumentos legales a su alcance para dar respuesta a quienes persistan en su difamación o se empeñen en proceder a su desprestigio y aniquilación  moral.

A pesar de la campaña mediática, que pretende debilitar a los sindicatos en su acción contra  las políticas neoliberales y contra los recortes impuestos bajo la coartada de la crisis económica en nuestro país y en Europa,  UGT-A seguirá  actuando en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, como garantiza el Art. 7 de la Constitución Española, y en la defensa de los intereses generales de la clase trabajadora.  

10 mentiras y verdades sobre los sindicatos

Catedráticos de Universidad firman un manifiesto en defensa de la actividad sindical en España

Fuente: NuevaTribuna,es

El exministro de Trabajo Valeriano Gómez, el exsecretario general de Empleo Antonio González, y el exportavoz de Empleo en el Parlamento, Jesús Membrado, tres exdirigentes del PSOE vinculados a UGT, impulsan un manifiesto para reclamar el fin de la campaña de deslegitimación contra los sindicatos y reivindicar su papel en la conquista de los derechos sociales y laborales.

Los firmantes del manifiesto emplazan a los poderes públicos a abordar el sostenimiento legal, económico y social de las funciones que la Constitución y las leyes han encomendado a los sindicatos

El exministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez, el exsecretario general de EmpleoAntonio González González, y el exportavoz de Empleo en el Congreso de los Diputados , Jesús Membrado Giner, tres exdirigentes del PSOE vinculados a UGT, han impulsado un manifiesto en defensa de la labor sindical en Españaapoyado en un estudio sobre la situación de los sindicatos respecto a los restantes países de la Unión Europea que ofrece datos reveladores.

Bajo el título, “En defensa de la actividad sindical y de UGT”, los firmantes del manifiesto (que fue presentado en la Fundación Ortega y Gasset) señalan que “el progreso social no es posible ni comprensible sin los sindicatos”, y hacen un llamamiento en reconocimiento del “papel crucial de los sindicatos en la conquista de los derechos sociales y laborales y su contribución en el desarrollo y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho en España”.

En el mismo, se reclama a determinados grupos de interés conservadores que desistan de su empeño de deslegitimación de las organizaciones sindicales, aprovechando casos concretos y reprobables que pretenden elevar a una categoríageneral, que no responde, en absoluto, a la realidad.

El manifiesto ha sido firmado por más de un centenar de personas procedentes en su mayor parte del ámbito universitario, catedráticos, profesores e investigadores en distintas disciplinas.

La representación sindical en España es de las más altas de Europa pese a la baja tasa de afiliación

El trabajo sobe la situación de los sindicatos españoles con respecto a otros países de la UE comienza por recordar el amparo legal de la labor sindical en España (art. 7 y 37.1 de la Constitución), una garantía constitucional de aplicación general de los convenios a todos los trabajadores y empresas  que ha permitido una mayor cobertura y que todos los trabajadores, afiliados o no a las organizaciones sindicales firmantes, se vean amparados por la regulación de las condiciones salariales y laborales de los convenios colectivos.

Según el estudio, España cuenta con una de las mayores proporciones de empresas con representación sindical de la UE. La tasa es particularmente de las más elevadas en el caso de las pequeñas empresas, pero también se encuentra entre las más altas en las medianas y las grandes. “La garantía de contar con representación sindical en la inmensa mayoría de las empresas del país, la cobertura casi universal de la negociación colectiva, la eficacia o amparo general del convenio colectivo son aspectos muy positivos del modelo sindical español”, dice los autores del trabajo.

Sin embargo, comparado con otros países de la UE, en España, la relación entre las tasas de representación y afiliación es una de las más desfavorables de la UE-27 (la primera es cuatro veces y media superior a la segunda). Por otro lado la cobertura de la negociación colectiva en España se encuentra entre las más elevadas de la UE superando ampliamente el 80% de los trabajadores y situándose en el grupo de países (nórdicos y centroeuropeos) en los que esa cobertura es más elevada.

La tasa de afiliación es muy baja y no se incentiva –alertan- ya que “la concepción institucional del modelo sindical español obviamente buscó asegurar la defensa de los trabajadores pero no se preocupó de con qué medios iba a realizarse”. La relación entre la tasa de cobertura de la Negociación Colectiva y la tasa de afiliación es, nuevamente, de las más desfavorables de la UE-27 (la primera multiplica prácticamente por seis la segunda), solo por detrás de Francia.

A ello se añaden otros problemas –advierten los autores del estudio- que dificultan la labor sindical, tales como la elevada temporalidad del empleo (la ratio: la segunda mayor de la UE-27 es tanto más elevada cuanto menor es la tasa de afiliación y mayor la de temporalidad); la elevada facilidad de despido y mayor inestabilidad de las relaciones laborales (la ratio que se encuentra igualmente entre las más elevadas de la UE-27 es mayor cuanto más baja es la afiliación y menor la protección frente al despido).

Asimismo, se pone de manifiesto que en España, la financiación de la actividad sindical tanto pública como de las empresas es muy escasa, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los restantes países de la UE; el porcentaje de empresas que financian la actividad sindical es el sexto más bajo de los 28 estados miembros. También se destaca los medios con los que cuentan los sindicatos para la formación de sus representantes: la ratio construida muestra valores decrecientes en función de las bajas tasas de afiliación y de empresas que facilitan formación para los representantes sindicales. España nuevamente aparece en los últimos lugares. Además, en España se da uno de los menores índices de disposición de tiempo para dedicarlo a las tareas sindicales del conjunto de la UE.

Con todos estos datos, los autores del estudio buscan desmontar algunas de las proclamas de determinados sectores contra los sindicatos españoles y poner de manifiesto, en palabras de Antonio González (uno de los promotores del texto) que existe “un gran problema de sostenimiento de los sindicatos”

Manifiesto en defensa de la actividad sindical

“El progreso social no es posible ni comprensible sin los sindicatos”, ésta es la primera frase del manifiesto presentado hoy en la Fundación Ortega y Gasset, en defensa de la actividad sindical y que ha suscrito  más de un centenar de personas  procedentes en su mayor parte del ámbito universitario, catedráticos, profesores e investigadores en distintas disciplinas.

Este manifiesto reconoce el papel de crucial de los sindicatos en la conquista de los derechos sociales y laborales y su contribución en el desarrollo y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho en España.

En el mismo, se reclama a determinados grupos de interés conservadores “que desistan de su empeño de deslegitimación de las organizaciones sindicales, aprovechando casos concretos y reprobables que pretenden elevar a una categoría general, que no responde, en absoluto, a la realidad”.

Los firmantes concluyen pidiendo el reforzamiento de los sindicatos en España porque son una pieza decisiva para seguir avanzando en un verdadero Estado social y democrático de Derecho, y que los poderes públicos aborden, de una vez por todas, el imprescindible sostenimiento legal, económico y social de las funciones que la Constitución y las leyes han encomendado a los sindicatos. Para lo cual se debe tener en cuenta el altísimo grado de representatividad obtenido libre y democráticamente en las elecciones sindicales y, en función de ello, asegurar los medios para el desarrollo de la negociación colectiva y la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores españoles.

Publicado por Fran Olivares

En estos tiempos que corren, está en boca de muchos la regeneración de todos los estamentos: política, economía, sociedad, y como no, sindicatos. Son muchos los que arremeten contra nosotrxs, ciudadanos y ciudadanas que se asoman a los medios de comunicación avalando el acoso y derribo de las ultimas columnas que tanto molestan por defender los derechos de los trabajadores/as en el ya tan precario día a día.

 

No es justo que todos estemos en tela de juicio por los supuestos errores de unos pocos pero también tenemos que recordar a todos aquellos, ahora críticos, que cuando un convenio colectivo se beneficia por la actuación de los sindicatos y de sus sindicalistas somos todos y todas las que nos beneficiamos de ello.

Muchos de los francotiradores que hoy día están en contra de los sindicatos y de su financiación por parte de los presupuestos generales del estado que todos aportamos y que tanto se quejan de ello, también son los primeros que se benefician o mejor dicho se beneficiaban de las subidas anuales de IPC o de complementos que sus chupopteros sindicalistas han podido conseguir batiéndose el cobre en reuniones extenuantes con la patronal como contrincante.

 

Si, esos mismos sindicalistas, que cuando pasan a formar parte de un sindicato de clase son tachados de  un plumazo de las listas de buenos trabajadores (aunque se partan la cara a veces mas que otros que se esconden detrás en los momentos duros) acabando toda aquella posible mejora en sus vidas laborales por la defensa de los derechos laborales. Esos mismos que pasan a ser como la peste cuando alguien se para con él para hablar de un tema que le preocupa y no dejan de mirar de soslayo por si alguien lo ve con el tío del sindicato, esos que para la mayoría de los empresarios tienen rabo y cuernos y dejan olor a azufre allí por donde pasan.

 

A veces, en petit comité, comentamos que qué pasaría si solo se beneficiara de lo conseguido en los convenios colectivos o acuerdos de empresa por los hoy odiados sindicalistas, solo aquellos y aquellas que estuvieran afiliados a los sindicatos mayoritarios. Piénsalo. 

 

Con esto, todos aquellos que quieren hacer leña del árbol que algunos sueñan con tirar, para que la única defensa que queda de los derechos vea mermada su capacidad de negociación, no tendrían que pagar de sus impuestos pero tampoco se beneficiarían de lo conseguido y tendrían que exponerse a negociar, por ejemplo: su salario,  sus complementos o las vacaciones que le pertenece por su cuenta y riesgo.

 

Si quieren regeneración del sindicalismo, podríamos empezar por ahí y ver como los resultados de unos pocos que financian al sindicato con su afiliación lo pueden disfrutar, aquellos que confían y apuestan por sus compañeros y compañeras que dan la cara ante los empresarios y por el contrario, aquellos que no quieran que salga de sus impuestos intenten conseguir ellos solitos las mejoras laborales que puedan o le dejen conseguir, dando la cara ante sus jefes quitándose pues, el camuflaje de buenos trabajadores.