No podemos asistir impasibles, o al menos callados, ante lo que está siendo un ataque sistemático y frontal al empleo público municipal. Desde la llegada del nuevo equipo de gobierno estamos viendo como se van amortizando plazas de oficios (albañiles, fontaneros, conductores, etc) y no son restituidas en las correspondientes modificaciones de plantilla y posteriores ofertas públicas de empleo.
Además, estamos comprobando como cada vez son más las externalizaciones que se hacen, en busca de una privatización de los servicios públicos; privatizaciones por su parte que en la mayoría de los casos dejan mucho que desear, bien sea por las empresas adjudicatarias que, salvo honrosas excepciones, lo único que buscan es el máximo beneficio sin tener en cuenta la calidad en la prestación de los servicios y sin tener en cuenta ni mucho menos los derechos de los trabajadores.
Recientemente hemos asistido al anuncio lanzado por el gabinete de prensa municipal, de la puesta en marcha de un servicio para el “mantenimiento urbano de las calles y los espacios públicos” con un presupuesto de 400.000 euros. Servicio que pretenden licitar en dos contratos.
En la noticia el propio Ayuntamiento reconoce que el crecimiento que ha experimentado la ciudad en los últimos años “no ha venido acompasado de un crecimiento en la plantilla municipal con la que atender de forma apropiada a toda la ciudad”. Pero para solucionar esta obviedad, en vez de incrementar la plantilla municipal aumentando las plazas necesarias o bien creando unas bolsas de empleo legales y transparentes, prefieren privatizar un servicio que históricamente se ha venido realizando por empleados municipales, con la garantía de unos trabajos hechos para perdurar en el tiempo.
Pero lo triste y lamentable es que todo esto se produce a raíz de un fraude que cometen los partidos gobernantes, la coalición PSOE-A/IU, dado que en el programa de gobierno que firman tras las elecciones municipales de 2015, las famosas 100 medidas de gobierno, incluían la “remunicipalización de los servicios”, es decir, todo lo contrario a lo que han hecho en estos dos años y medio de gobierno.
Es igualmente incomprensible como en ayuntamientos del mismo signo político de nuestro entorno se están aplicando políticas totalmente diferentes a las que se imponen aquí (potenciando y defendiendo los servicios públicos), pareciendo que pertenecieran a distintas formaciones políticas o fueran independientes dentro de un mismo partido. Irracional.
Por todo ello, esta sección sindical no puede permanecer callada -dado que la libertad de expresión no nos la pueden cercenar, aunque algunos ya quisieran- ante esta decisión que va en contra de los intereses de los empleados municipales y de los utreranos en general, pues está más que demostrado, como antes apuntábamos, que en la inmensa mayoría de las privatizaciones pierden los trabajadores en sus condiciones laborales, y los ciudadanos en general, por la baja y mala calidad en la prestación de estos servicios y en la ejecución de las obras.
A todo esto hay que sumarle la falta de talante y buena fe que han demostrado en la negociación colectiva, y que salvo “cantosas” excepciones tienen a la plantilla municipal descontenta, desmotivada y decepcionada, visto el horizonte que se vislumbra. Prueba de ello es lo ocurrido con los últimos concursos y comisiones de servicio forzosas, asignadas a dedo, entendiéndose ahora por qué no quieren regular la provisión de puestos de trabajo en este Ayuntamiento y que tantas veces hemos reclamado, para poder hacer y deshacer a su antojo.
