UGT Andalucía no ha recibido ni un céntimo que tenga que ver con los EREs. Ni legal ni ilegalmente. Ni directa ni indirectamente. Y eso es una realidad que yo, como Secretario General de UGT Andalucía, no me cansaré de repetir.
El papel de UGT Andalucía en relación a los procesos de regulación de empleo ha sido siempre el que nos corresponde como sindicato: exigir soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible, la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor sistema de prejubilación posible.
Nuestro papel no ha ido nunca más allá de la firma de protocolos con las empresas, si existía, y las administraciones afectadas dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones a empresas en crisis.
Nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno,
esa responsabilidad corresponde a las Federaciones estatales que poseen personalidad jurídica propia y capacidad para actuar con total autonomía en el ámbito de sus competencias.
UGT Andalucía no ha mantenido con las aseguradoras, intermediarios, cargos públicos, conseguidores, etc., todos ellos presuntos predadores de dinero público, ningún tipo de relación en torno al investigado asunto de los EREs. Tampoco hemos mantenido ningún tipo de relación económica, un extremo radicalmente falso. Y nuestras cuentas están a disposición de la justicia si quieren verlas.
Somos los primeros interesados en que todo este asunto se resuelva. Nos hemos personado como
acusación popular en cuanto surgieron las investigaciones y hemos ido por delante del juzgado en nuestras actuaciones internas cuando hemos detectado que alguien de la UGT había participado de forma irregular en el asunto de los ERES. Hace ya más de un año expulsamos del sindicato a afiliados que habían participado de forma particular en este asunto, entre ellos a una trabajadora con 20 años de trabajo en UGT Jaén y que cobraba una prejubilación ilegal en nombre de su marido.
Y que a nadie le quepa la menor duda de que,
como parte de la acusación que somos, vamos a seguir en cada caso que detectemos, interno o externo, con la misma forma de actuar. Si son internos, expulsándolos; si son externos, poniéndolo a disposición de la justicia.
Aquí no hay ninguna trama sindical para conseguir EREs o dinero en provecho de UGT, no somos conseguidores ni intermediarios ni formamos parte de un grupo cuyo objetivo era lucrarse.
No podemos permitir que nadie manche o emborrone el buen nombre de una organización con 125 años de historia cuyo trabajo ha sido y es la defensa de los trabajadores. Si alguien ha metido la mano, que se le juzgue y se le castigue.
Si alguien ha cometido irregularidades, que lo pague pero ni la jueza Alaya ni nadie puede echar por tierra un instrumento, los EREs, que ha permitido que el drama del desempleo no sea todavía mayor en nuestra Comunidad.
Desde 2002 hasta hoy,
más de 25.000 trabajadores consiguieron esquivar la exclusión social gracias a procesos de regulación de empleo,
6.000 de ellos con prejubilaciones. Hay miles de empresas que hoy siguen en activo gracias a que, en su día, pasaron por un ERE. Con este instrumento laboral, se ha salvado empleo, empresas, se han conseguido recolocaciones, indemnizaciones y prejubilaciones a trabajadores que no tenían otra solución que el paro. Y en este proceso de salvaguarda del empleo y de las mejores condiciones posibles para trabajadores y empresa, los sindicatos hemos sido protagonistas. Actores principales para que unos pudieran seguir trabajando y otros pudieran cobrar. ¿Cuántas empresas han salvado las aseguradoras? ¿Cuántas empresas ha salvado la justicia?
Que haya intrusos, intermediarios o aseguradoras que se hayan aprovechado para lucrarse ilegalmente no puede descalificar el trabajo de los sindicatos ni los resultados obtenidos en beneficio de Andalucía.
UGT ni promueve ni capta expedientes de regulación de empleo. Eso es una aberración. Las Federaciones estatales actúan en la legalidad en base al artículo 7 de la Constitución y en base al Estatuto de los Trabajadores. Y me gustaría explicar brevemente cómo es todo el proceso.
Es el empresario el que tiene la capacidad de promover un ERE y lo hace cuando la empresa está en crisis y necesita mantener su viabilidad recortando presupuesto y, lamentablemente, personal. Comienza entonces la negociación y ahí es donde intervienen las Federaciones con el objetivo de buscar salidas no traumáticas, evitar despidos, negociar indemnizaciones y para los mayores que no puedan volver al mercado de trabajo, un aseguramiento para que puedan mantener sus cotizaciones y acceder al sistema público de pensiones.
En primer lugar, se hace un informe exhaustivo para verificar si las causas del ERE son reales. Y en segundo lugar, se negocian todas las posibilidades con la empresa: rebajas salariales, movilidad de los trabajadores, recolocaciones, extinciones voluntarias, indemnizaciones, prejubilaciones… y cada una de estas propuestas es discutida con los trabajadores. Se hacen multitud de reuniones, asambleas y todas las movilizaciones necesarias.
Para el caso de las prejubilaciones,
se estudian todos los expedientes de la vida laboral de los trabajadores que podrían estar afectados y se analiza la edad y circunstancias de cada uno de los empleados: el tiempo cotizado, las cargas familiares, los años que le quedan para llegar a la jubilación, el dinero y las condiciones necesarias para que su pensión no se resienta… Estudios personalizados ya sean dos los trabajadores afectados o 2.000. Y todos y cada uno de estos informes los realizan
economistas y abogados cualificados. Unos trabajos legítimos y legales que generan unos costes que se pagan con las cuotas en el caso de los afiliados. Si los trabajadores no están afiliados se procura que sean las grandes empresas las que se hagan cargo de estos gastos.
Y una vez establecidas las condiciones del ERE, negociadas las condiciones y aceptadas por empresa y trabajadores, es la empresa o, en algunos casos la Administración Pública, las que buscan a las aseguradoras.
Los sindicatos no intervenimos para nada en la designación de las aseguradoras. Insistir en esa idea es un infundio.
Nuestro papel con las aseguradoras es velar por que los trabajadores cobren mes a mes y hasta su jubilación el dinero de su póliza. El sindicato actúa de garante durante todo el periodo hasta que el último de los prejubilados llegue a la jubilación definitiva,
en algunos casos hasta 15 años. Un papel de vital importancia y si no, ahí está el caso de los prejubilados de Apra Leven. 800 hombres y mujeres que han estado 22 meses sin cobrar. ¿Quién ha estado peleando todo ese tiempo para que les devuelvan lo que es suyo? UGT Andalucía.
Insisto,
demonizar los procesos de regulación de empleo es denostar una herramienta que ha permitido que 25.000 andaluces puedan tener una vida digna, 6.000 de ellos mientras llegan a la jubilación. Una herramienta que se ha demostrado eficaz para
evitar una mayor sangría como consecuencia de la crisis. Por eso,
somos los primeros interesados en que el caso de los EREs irregulares llegue hasta el final. Nuestras cuentas están a disposición de la justicia si quiere verlas y que nadie dude que, en caso de tener conocimiento de que alguien ha cometido alguna irregularidad, seremos los primeros en actuar y en ponerlo en conocimiento de la justicia.
No cabe duda de que Esperanza Oña está decidida a convertirse en una estrella fulgurante en el PP, ahora que su dirección está gravemente ´tocada´ por la larga lista de escándalos que afectan a las diversas plantas de su sede central en la calle Génova de Madrid, y en varios ministerios del Gobierno que preside Mariano Rajoy.
