La propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas, nos lleva a un conflicto social.
Este conflicto social nos lleva a dar una respuesta inmediata y contundente, teniendo en cuenta que estas medidas son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación.
La propuesta del gobierno no es una salida para la crisis, no se hace recaer los esfuerzos en quienes la originaron y pretenden que los trabajadores y trabajadoras que no la hemos provocado seamos los que paguemos los platos rotos.
El gobierno rompe unilateralmente el dialogo social en el sector público, el Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba hace 7 meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación de la economía y de las finanzas actual no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de la firma del Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento.
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