Con estas contundentes palabras, Julio Lacuerda, secretario general de FSP-UGT, ha animado a los empleados públicos, en su intervención en la asamblea de delegados de UGT en Madrid, a apoyar la huelga de junio y parar futuras agresiones a sus trabajos.
Gran asistencia de delegados y delegadas de UGT del sector público a la asamblea convocada contra el decreto que recorta sus salarios.
En el acto han participado Fernando Sánchez, Secretario General de FSP-UGT de Madrid y José V. Mata, Secretario General de FETE-UGT de Madrid; José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT- Madrid; Carlos López Cortiñas, Secretario General de FETE-UGT; Julio Lacuerda, Secretario General de FSP-UGT y ha cerrado el acto Cándido Méndez, secretario general de UGT.
Durante su intervención, Lacuerda, exhortó a todos los empleados públicos a acudir a la huelga del 8 de junio contra los recortes salariales "porque es un asunto de dignidad". El secretario general de la FSP-UGT añadió que es humano estar decepcionados pero añadió que los empleados públicos no pueden caer en la resignación, ya que el futuro su futuro dependerá en gran parte de la respuesta que den el día de la huelga.
Una huelga imprescindible, según ha calificado el responsable sindical de la FSP-UGT, tanto por las formas del Gobierno: ha roto un acuerdo, ha faltado al respeto a los empleados públicos y a su negociación colectiva para " meter la mano en el sueldo de los trabajadores de los servicios públicos", como por el fondo, ya que ésta no era la única medida que se podía adoptar. En este sentido, Lacuerda ha señalado "prefiero cien veces que me suban un 5% los impuestos a que toquen una peseta de mi sueldo" puesto que esto supone un desprecio para el trabajo que los empleados públicos desempeñan.
Méndez ha criticado que el Ejecutivo haya vulnerado el acuerdo de la función pública firmado en septiembre y haya utilizado de "coartada" un cláusula de suspensión en la remuneración que contempla ese pacto para tiempo de crisis, ya que "cuando se firmó, la situación económica era peor que ahora".
A su juicio, no hay ningún tipo de justificación, ni moral ni legal, para vulnerar este acuerdo, ni para las acusaciones de insolidaridad vertidas desde algunos sectores sobre los empleados públicos, cuando estos mostraron una "gran austeridad para ellos y sus familias y una gran generosidad el resto de los trabajadores al firmar el acuerdo de septiembre de 2009" .
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