Se me acumulan los calificativos a la hora de describir la congelación y el recorte de salarios del 5% para los empleados públicos, anunciado por el Presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo. Sin embargo, creo que lo procedente es aludir al estado de ánimo de los más de dos millones y medio de servidores públicos:
decepción y frustración. Así es, pues con esta medida, el Gobierno quiebra seis años continuos de Diálogo Social en las Administraciones Públicas. Optando por retornar a la senda del incumplimiento, del desencuentro y de la crispación que en épocas anteriores tan nefastos resultados provocó en la forma y calidad de los servicios públicos a prestar a los ciudadanos.
Puede parecer una exageración esta afirmación, pero la objetividad de los datos la avala, pues con el recorte planteado por el Gobierno los empleados públicos pueden perder en dos años un 10%, de media, en su poder adquisitivo, pues a la rebaja que finalmente se aplique hay que sumar la inflación de este año y la del próximo.
Y es que, las mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados públicos se consiguen después de largos años de negociación; mientras que por el contrario, para un recorte salarial que sitúa el poder adquisitivo de los empleados públicos en términos del año 2004 ha bastado con un solo momento de imposición unilateral.
Y si graves son las consecuencias de la medida, qué decir de las formas y las justificaciones que se ofrecen al respecto, incumpliendo a las primeras de cambio el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para el periodo 2010-2012, suscrito en septiembre del pasado año, menospreciando así su derecho a la negociación colectiva; y apelando cínicamente a la necesidad de un esfuerzo por parte de los empleados públicos, como si no lo hubieran hecho en el momento de suscribir un Acuerdo que ya fue plenamente consciente de la mala situación económica del país, y se mostró muy moderado y realista en cuanto a sus contenidos.
En aquel momento, hasta se apeló a la responsabilidad demostrada por los Sindicatos, una responsabilidad de la que conviene hacer gala de nuevo a la hora de defender a los empleados públicos, a quien nos debemos, de una inmerecida agresión a sus derechos. De ahí lo inevitable de las movilizaciones que van a llevarse a cabo durante los próximos días, y que tendrán su momento más álgido, que no definitivo, en la HUELGA GENERAL de Empleados Públicos el 8 de junio.
El cambio de discurso del Gobierno así lo precisa. La confianza de los empleados públicos en aquél se ha roto, al volver a recurrir a viejas recetas que creíamos definitivamente superadas. Pero vemos que no. En todo caso, conviene recordar que nuestro país tiene un gasto público total inferior al resto de países de la UE-15, lo que también afecta al gasto público en compensación salarial y en consecuencia
al tamaño de su sector público. Por ello, somos el país que menos gasta en salarios de los empleados públicos, por debajo de la media de la UE-15, y muy lejos de los países con estados de bienestar más avanzados y un mayor desarrollo económico.
Yo creía, y sigo creyendo, en la política, en la existencia de ideologías, pero ahora con una excepción: cuando de reducir el déficit público se trata, pues resulta evidente que en este supuesto “la mano invisible del mercado” todo lo supedita, y que los Gobiernos, sean del color que sean, claudican y no pueden evitar la tentación de “hacer caja con los empleados públicos”. Baste recordar que con todos los gobiernos democráticos hemos padecido algún tipo de agresión, y que el principal partido de la oposición también venía proponiendo, desde hace meses, medidas similares a las ejecutadas por el Gobierno.
Un Gobierno que, negativamente influido por un equipo económico dirigido por una Vicepresidenta 2ª que de manera reiterada ha demostrado su aversión por los empleados públicos, ha cambiado su orientación social por otro marcadamente neoliberal, convirtiéndose en cómplice de los sectores e intereses económicos más antisociales, renunciando a un modelo social que conjugue crecimiento, equidad y cohesión social.
En fin, casi nunca corren buenos tiempos para los empleados y los Servicios Públicos, algo que el 12 de mayo volvió a quedar constatado después de otra obviedad: que el tiempo ha cambiado, y de qué manera, a Zapatero, que no estará solo, pero sí menos y peor acompañado. En este sentido, recordar a Ernest Lluc cuando decía que “en la vida política hay que tener pocos valores, pero muy firmes, y que una vez adoptados hay que procurar no modificarlos a través del tiempo”. Pues eso.
Julio Lacuerda Castelló, Secretario General de la FSP-UGT
decepción y frustración. Así es, pues con esta medida, el Gobierno quiebra seis años continuos de Diálogo Social en las Administraciones Públicas. Optando por retornar a la senda del incumplimiento, del desencuentro y de la crispación que en épocas anteriores tan nefastos resultados provocó en la forma y calidad de los servicios públicos a prestar a los ciudadanos.
Puede parecer una exageración esta afirmación, pero la objetividad de los datos la avala, pues con el recorte planteado por el Gobierno los empleados públicos pueden perder en dos años un 10%, de media, en su poder adquisitivo, pues a la rebaja que finalmente se aplique hay que sumar la inflación de este año y la del próximo.
Y es que, las mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados públicos se consiguen después de largos años de negociación; mientras que por el contrario, para un recorte salarial que sitúa el poder adquisitivo de los empleados públicos en términos del año 2004 ha bastado con un solo momento de imposición unilateral.
Y si graves son las consecuencias de la medida, qué decir de las formas y las justificaciones que se ofrecen al respecto, incumpliendo a las primeras de cambio el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para el periodo 2010-2012, suscrito en septiembre del pasado año, menospreciando así su derecho a la negociación colectiva; y apelando cínicamente a la necesidad de un esfuerzo por parte de los empleados públicos, como si no lo hubieran hecho en el momento de suscribir un Acuerdo que ya fue plenamente consciente de la mala situación económica del país, y se mostró muy moderado y realista en cuanto a sus contenidos.
En aquel momento, hasta se apeló a la responsabilidad demostrada por los Sindicatos, una responsabilidad de la que conviene hacer gala de nuevo a la hora de defender a los empleados públicos, a quien nos debemos, de una inmerecida agresión a sus derechos. De ahí lo inevitable de las movilizaciones que van a llevarse a cabo durante los próximos días, y que tendrán su momento más álgido, que no definitivo, en la HUELGA GENERAL de Empleados Públicos el 8 de junio.
El cambio de discurso del Gobierno así lo precisa. La confianza de los empleados públicos en aquél se ha roto, al volver a recurrir a viejas recetas que creíamos definitivamente superadas. Pero vemos que no. En todo caso, conviene recordar que nuestro país tiene un gasto público total inferior al resto de países de la UE-15, lo que también afecta al gasto público en compensación salarial y en consecuencia
al tamaño de su sector público. Por ello, somos el país que menos gasta en salarios de los empleados públicos, por debajo de la media de la UE-15, y muy lejos de los países con estados de bienestar más avanzados y un mayor desarrollo económico.
Yo creía, y sigo creyendo, en la política, en la existencia de ideologías, pero ahora con una excepción: cuando de reducir el déficit público se trata, pues resulta evidente que en este supuesto “la mano invisible del mercado” todo lo supedita, y que los Gobiernos, sean del color que sean, claudican y no pueden evitar la tentación de “hacer caja con los empleados públicos”. Baste recordar que con todos los gobiernos democráticos hemos padecido algún tipo de agresión, y que el principal partido de la oposición también venía proponiendo, desde hace meses, medidas similares a las ejecutadas por el Gobierno.
Un Gobierno que, negativamente influido por un equipo económico dirigido por una Vicepresidenta 2ª que de manera reiterada ha demostrado su aversión por los empleados públicos, ha cambiado su orientación social por otro marcadamente neoliberal, convirtiéndose en cómplice de los sectores e intereses económicos más antisociales, renunciando a un modelo social que conjugue crecimiento, equidad y cohesión social.
En fin, casi nunca corren buenos tiempos para los empleados y los Servicios Públicos, algo que el 12 de mayo volvió a quedar constatado después de otra obviedad: que el tiempo ha cambiado, y de qué manera, a Zapatero, que no estará solo, pero sí menos y peor acompañado. En este sentido, recordar a Ernest Lluc cuando decía que “en la vida política hay que tener pocos valores, pero muy firmes, y que una vez adoptados hay que procurar no modificarlos a través del tiempo”. Pues eso.
Julio Lacuerda Castelló, Secretario General de la FSP-UGT
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