Está claro que otra política económica es posible... y necesaria como defendía yo en mi post del pasado 29 de diciembre
Y este martes lo voy a ilustrar con otro dato a mi juicio muy elocuente: Con una decisión aprobada por el Parlamento Andaluz que aparece en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del pasado día 31 y en la que nuestro sindicato ha tenido mucho que ver.
En UGT Andalucía nos planteamos hace ya un tiempo que muchos trabajadores no reclamaban sus derechos porque les asustaban los posibles gastos. Así que partiendo de esta reflexión hicimos el siguiente análisis:
Punto de partida
Miles de trabajadores son despedidos por las empresas diariamente.
Es un hecho que miles de trabajadores sufren cada día la finalización de sus contratos sin solución de continuidad.
Es también un hecho que día a día, miles de empresas intentan esquilmar las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores que han despedido, o los finiquitos de los contratos que han dado por finalizados, así como aquellas cantidades que les adeudan por distintos conceptos.
Día tras día, miles de trabajadores ven como imposible que les abonen las indemnizaciones por despido que realmente les corresponden, los finiquitos a los que tienen derecho, salarios o cantidades pendientes de cobro, de las que sus empresas y fundamentalmente sus ex empresas, se apropian impunemente.
Por lo general son pequeñas cantidades, de 1.500 a 6.000 euros que las empresas, conscientes del coste que supone al trabajador su reclamación vía judicial, dan por hecho que no tendrán que pagar en la mayoría de los casos.
Así efectivamente, la mayoría de los trabajadores en estas circunstancias no reclaman judicialmente, por el coste que les supone la tarifa de los abogados. Los que lo hacen, solo 18.362, sobre 52.506 despedidos y 27.581 por reclamación de cantidad, durante todo 2010 -según el Consejo General del Poder Judicial- deben afrontar el pago, de una parte importante de lo que obtienen en sede judicial, al abogado que les lleva la demanda.
La propuesta de UGT Andalucía
Ante esta situación la UGT Andalucía propuso al Gobierno de la Junta y al grupo socialista en el Parlamento Andaluz la introducción de una enmienda que añade un artículo 15 tercero, al Decreto Legislativo 1/2009, para que los trabajadores puedan deducirse en el tramo autonómico del IRPF hasta 200€ de gastos de facturas de abogados. Por demandas en sede judicial por despido, finalización de contratos y reclamación de cantidades.
Sé que es un poco engorroso, pero lo explico para que se conozcan los datos técnicos: La deducción de los 200 euros en el tramo autonómico del IRPF es adicional a la ya prevista con carácter general en la Ley 35/2006, de Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 19.2.e, y el artículo 10 del Reglamento de dicho impuesto.
El grupo socialista, asumió y aprobó dicha enmienda en solitario, en el Parlamento Andaluz, el pasado 23 de diciembre, y se publicó en el BOJA nº 255 de 31-12-2011, Ley 17/2011.
Esta medida, junto a los Servicios Jurídicos que UGT oferta a sus afiliados, acerca a la gratuidad el coste de las demandas de los trabajadores, en los supuestos mencionados.
Una medida pionera
Hasta donde yo conozco esta medida, única en las comunidades autónomas, y de enorme calado para los trabajadores y trabajadoras andaluzas, con datos de las demandas de 2011, se calcula que puede llegar a suponerles un ahorro de ocho millones (8.000.000) de euros, lo que convierte en una realidad, a pesar de las circunstancias, que otra política económica y social es posible.
En este caso, una vez más, se pone de manifiesto que las iniciativas y propuestas sindicales, y un claro compromiso político de izquierdas con los trabajadores, consiguen que los derechos e intereses de estos, estén por encima del latrocinio inmoral de los poderes económicos y empresariales.
La política de Rajoy y los suyos no es, ni mucho menos, la única posible
Cuando la izquierda política responde a las iniciativas de las organizaciones sociales, de las organizaciones ciudadanas representativas de los intereses de distintos colectivos sociales, como es el caso, convierte en una realidad la protección de los derechos de los ciudadanos.
Es evidente que para ello es necesario afrontar el reto que supone en la actualidad enfrentarse a una política económica que responde más al chantaje y la extorsión de los poderes económicos que a las necesidades e intereses de las personas, imponiendo la acción política y democrática sobre los poderosos intereses económicos.
La evidencia de que Otra Política Económica es Posible, estaría bien que se convirtiera en una de las señas de identidad andaluza. Esto va a depender en mi opinión, por una parte, de que la izquierda política andaluza asuma el compromiso ineludible de priorizar la cobertura de las necesidades e intereses de los ciudadanos frente a los intereses de la banca, de los mercados y, en definitiva,del capital.
Y por otra parte dependerá de que los trabajadores y trabajadoras hagamos una apuesta individual y colectiva por un modelo de desarrollo económico y social que garantice derechos laborales sociales y ciudadanos frente a una política de recortes que prioriza los intereses de quienes mueven los hilos de la economía.
Sin la reacción social y la movilización política de los trabajadores, los andaluces estamos abocados a soportar no solo el pago económico de la crisis, sino la destrucción de nuestros derechos laborales y sociales. De nosotros depende hacer realidad Otra Política Económica Posible.
Manuel Pastrana
Y este martes lo voy a ilustrar con otro dato a mi juicio muy elocuente: Con una decisión aprobada por el Parlamento Andaluz que aparece en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del pasado día 31 y en la que nuestro sindicato ha tenido mucho que ver.
En UGT Andalucía nos planteamos hace ya un tiempo que muchos trabajadores no reclamaban sus derechos porque les asustaban los posibles gastos. Así que partiendo de esta reflexión hicimos el siguiente análisis:
Punto de partida
Miles de trabajadores son despedidos por las empresas diariamente.
Es un hecho que miles de trabajadores sufren cada día la finalización de sus contratos sin solución de continuidad.
Es también un hecho que día a día, miles de empresas intentan esquilmar las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores que han despedido, o los finiquitos de los contratos que han dado por finalizados, así como aquellas cantidades que les adeudan por distintos conceptos.
Día tras día, miles de trabajadores ven como imposible que les abonen las indemnizaciones por despido que realmente les corresponden, los finiquitos a los que tienen derecho, salarios o cantidades pendientes de cobro, de las que sus empresas y fundamentalmente sus ex empresas, se apropian impunemente.
Por lo general son pequeñas cantidades, de 1.500 a 6.000 euros que las empresas, conscientes del coste que supone al trabajador su reclamación vía judicial, dan por hecho que no tendrán que pagar en la mayoría de los casos.
Así efectivamente, la mayoría de los trabajadores en estas circunstancias no reclaman judicialmente, por el coste que les supone la tarifa de los abogados. Los que lo hacen, solo 18.362, sobre 52.506 despedidos y 27.581 por reclamación de cantidad, durante todo 2010 -según el Consejo General del Poder Judicial- deben afrontar el pago, de una parte importante de lo que obtienen en sede judicial, al abogado que les lleva la demanda.
La propuesta de UGT Andalucía
Ante esta situación la UGT Andalucía propuso al Gobierno de la Junta y al grupo socialista en el Parlamento Andaluz la introducción de una enmienda que añade un artículo 15 tercero, al Decreto Legislativo 1/2009, para que los trabajadores puedan deducirse en el tramo autonómico del IRPF hasta 200€ de gastos de facturas de abogados. Por demandas en sede judicial por despido, finalización de contratos y reclamación de cantidades.
Sé que es un poco engorroso, pero lo explico para que se conozcan los datos técnicos: La deducción de los 200 euros en el tramo autonómico del IRPF es adicional a la ya prevista con carácter general en la Ley 35/2006, de Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 19.2.e, y el artículo 10 del Reglamento de dicho impuesto.
El grupo socialista, asumió y aprobó dicha enmienda en solitario, en el Parlamento Andaluz, el pasado 23 de diciembre, y se publicó en el BOJA nº 255 de 31-12-2011, Ley 17/2011.
Esta medida, junto a los Servicios Jurídicos que UGT oferta a sus afiliados, acerca a la gratuidad el coste de las demandas de los trabajadores, en los supuestos mencionados.
Una medida pionera
Hasta donde yo conozco esta medida, única en las comunidades autónomas, y de enorme calado para los trabajadores y trabajadoras andaluzas, con datos de las demandas de 2011, se calcula que puede llegar a suponerles un ahorro de ocho millones (8.000.000) de euros, lo que convierte en una realidad, a pesar de las circunstancias, que otra política económica y social es posible.
En este caso, una vez más, se pone de manifiesto que las iniciativas y propuestas sindicales, y un claro compromiso político de izquierdas con los trabajadores, consiguen que los derechos e intereses de estos, estén por encima del latrocinio inmoral de los poderes económicos y empresariales.
La política de Rajoy y los suyos no es, ni mucho menos, la única posible
Cuando la izquierda política responde a las iniciativas de las organizaciones sociales, de las organizaciones ciudadanas representativas de los intereses de distintos colectivos sociales, como es el caso, convierte en una realidad la protección de los derechos de los ciudadanos.
Es evidente que para ello es necesario afrontar el reto que supone en la actualidad enfrentarse a una política económica que responde más al chantaje y la extorsión de los poderes económicos que a las necesidades e intereses de las personas, imponiendo la acción política y democrática sobre los poderosos intereses económicos.
La evidencia de que Otra Política Económica es Posible, estaría bien que se convirtiera en una de las señas de identidad andaluza. Esto va a depender en mi opinión, por una parte, de que la izquierda política andaluza asuma el compromiso ineludible de priorizar la cobertura de las necesidades e intereses de los ciudadanos frente a los intereses de la banca, de los mercados y, en definitiva,del capital.
Y por otra parte dependerá de que los trabajadores y trabajadoras hagamos una apuesta individual y colectiva por un modelo de desarrollo económico y social que garantice derechos laborales sociales y ciudadanos frente a una política de recortes que prioriza los intereses de quienes mueven los hilos de la economía.
Sin la reacción social y la movilización política de los trabajadores, los andaluces estamos abocados a soportar no solo el pago económico de la crisis, sino la destrucción de nuestros derechos laborales y sociales. De nosotros depende hacer realidad Otra Política Económica Posible.
Manuel Pastrana
No hay comentarios:
Publicar un comentario