NO A LA PRIVATIZACIÓN. SÍ A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Después de asistir a los
“esperpénticos” últimos dos Plenos municipales, tenemos que salir al paso para
dar salida a tanta indignación.
Esta Sección Sindical, en abril de
2014, solicitó a la Delegación de Recursos Humanos información sobre el estudio
de viabilidad que estaban realizando
para la gestión del alumbrado municipal, ya que de manera extraoficial teníamos
constancia de que algo se estaba cociendo. Pero una vez más, este Ayuntamiento vulnera los derechos de información,
consulta y competencias, consagrados en el Estatuto de los Trabajadores y
no facilita el más mínimo dato al respecto, muestra clara de que el objetivo de
privatizar el servicio estaba marcado y no
querían injerencias.
Desde nuestro sindicato defendemos el mantenimiento del empleo público y por
tanto de los servicios públicos, ya que está demostrado que la privatización añade al coste natural del servicio, el porcentaje de
beneficio del banquero prestamista, el sueldo del directivo megabonificado, el
dividendo del accionista especulador, la comisión del intermediario que
“santificó” la operación, etc, etc, etc.
Además, las privatizaciones en la administración, tienen como consecuencia inmediata la pérdida de derechos de los/as trabajadores/as, pérdidas de calidad de los servicios y por tanto perjuicios para el conjunto de los usuarios, y no digamos ya de desviación de responsabilidades públicas y políticas que ahora no recaerían sobre los gobiernos sino sobre las empresas privadas y sus trabajadores.
También es evidente que dentro de los objetivos empresariales no se contempla en primer lugar el bienestar de la población que atienden.
Por todo ello, queremos solicitarle a este Equipo de Gobierno que rectifique y que valore otras propuestas que hagan viable el mantenimiento del servicio eléctrico con el personal que actualmente lo integra, que con una buena planificación evitaría la mutilación del servicio que pretenden con esta privatización.
Además, las privatizaciones en la administración, tienen como consecuencia inmediata la pérdida de derechos de los/as trabajadores/as, pérdidas de calidad de los servicios y por tanto perjuicios para el conjunto de los usuarios, y no digamos ya de desviación de responsabilidades públicas y políticas que ahora no recaerían sobre los gobiernos sino sobre las empresas privadas y sus trabajadores.
También es evidente que dentro de los objetivos empresariales no se contempla en primer lugar el bienestar de la población que atienden.
Por todo ello, queremos solicitarle a este Equipo de Gobierno que rectifique y que valore otras propuestas que hagan viable el mantenimiento del servicio eléctrico con el personal que actualmente lo integra, que con una buena planificación evitaría la mutilación del servicio que pretenden con esta privatización.
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