Ante las informaciones publicadas en los últimos días, UGT Andalucía quiere aclarar, en primer lugar, que el sindicato ha justificado siempre en tiempo y forma todas las subvenciones concedidas por la Junta en materia de formación para el empleo. Si alguien ha hecho dejación de funciones no se trata de UGT-A. El control, revisión y verificación de las justificaciones es una labor que debe desempeñar la Junta de Andalucía y es a esta institución a la que corresponde dar explicaciones si hubiera retrasos o incidencias.
No se puede confundir la obligación de los beneficiarios de justificar documentalmente los programas (algo que UGT Andalucía ha cumplido escrupulosamente) con la revisión y verificación de esa justificación, papel que corresponde a la Administración. La propia Junta de Andalucía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado martes admitió, que "es cierto que ha habido un volumen ingente de documentación que ha recibido la Administración, porque son muchos los cursos que se han hecho, y que ha faltado una mayor capacidad para poder resolver y acabar la verificación de los expedientes". En definitiva, que si la Junta decidió exonerar a UGT Andalucía, entre más de 1.153 Entidades, Instituciones o Empresas que gestionaron la formación, fue por su incapacidad para verificar las justificaciones presentadas, no porque en nuestro caso el sindicato hubiera cometido alguna irregularidad.
De los 2.769 expedientes exonerados según la Junta de Andalucía, solo 25 corresponden a UGT Andalucía, precisando que 19 de ellos fueron presentados para su verificación en tiempo y forma. En el caso de otros tres todavía están en fase de ejecución con lo que las justificaciones no se pueden realizar hasta su conclusión. En otros tres casos, el sindicato renunció a desarrollar los programas por falta de tiempo para su ejecución.
La actual Ejecutiva de UGT Andalucía quiere aclarar además que, desde su nombramiento el pasado 9 de enero, "no se nos ha exonerado de nada".
UGT Andalucía no cobra comisiones ni obtiene beneficio económico alguno al impartir los cursos de formación. Tampoco disfruta de ningún tipo de privilegio a la hora de obtener subvenciones públicas para la formación. En este sentido la Ley de Subvenciones y el Reglamento CE 2342/2002 recogen la concesión de subvenciones a través del procedimiento general de concurrencia competitiva así como la concesión directa prevista para situaciones excepcionales. La utilización de uno u otro criterio es totalmente ajeno a nuestro sindicato que se limita a concurrir según los criterios y bases reguladores que fija la administración en igualdad de condiciones respecto a las distintas solicitudes presentadas por otras Entidades o Empresas. Si hasta ahora UGT Andalucía ha sido la organización que más cursos ha impartido ha sido porque su oferta formativa es la mejor de todas las presentadas. Actualmente contamos con 125 aulas y talleres homologados en 46 centros de formación distribuidos por todas las provincias andaluzas.
Dicho esto, solicitamos a los medios de comunicación que estos días han convertido al sindicato en diana de sus acusaciones que rectifiquen y publiquen este comunicado. No permitiremos que, bien por obra de la Administración, o por falta de información pongan en entredicho el trabajo sindical en una materia tan sensible como es la formación profesional. UGT Andalucía ha gestionado y gestiona las subvenciones públicas conforme a la normativa vigente, cumpliendo escrupulosamente la metodología aprobada por la Administración.
Queremos recordar por último que en la investigación de los cursos de formación no hay ni un solo sindicalista de UGT Andalucía imputado. La lista hasta ahora está compuesta por empresarios y ex miembros de la Administración andaluza.
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