Reducir la Administración Local es jibarizar la democracia

Este es un momento para la defensa apasionada de lo público, por más que haya quien se empeñe en que lo público está caduco, obsoleto, y que hay que cambiarlo por fórmulas mercantilizadas de gestión de los servicios que los ciudadanos necesitan.

Nadie ha demostrado hasta ahora, más bien todo pone de manifiesto lo contrario, que lo privado pueda ser ejemplo de buenas prácticas cuando se trata de gestionar los intereses de los ciudadanos. Estamos en la situación en la que estamos, no precisamente por la mala gestión de lo público.

Estamos abocados a una quiebra del Estado del Bienestar, de lo que hemos avanzado en el campo de la igualdad y la solidaridad, precisamente por los desmanes de lo privado, por las avaricias de lo privado, por las malas prácticas en el ámbito de lo privado. Este es el momento en el que quienes nos consideramos servidores públicos tenemos la obligación ética y moral de estar frente a aquellos que quieren mercantilizar las necesidades y los derechos de los ciudadanos.

Aquí no hay en este momento paños calientes que valgan. No hay bandas por la que escurrirse, O se está apasionadamente, intelectualmente defendiendo lo público o se está facilitando que el conjunto de servicios que hoy forman parte de lo público pasen al ámbito de lo privado y por lo tanto que la sanidad, la educación, los servicios sociales y el propio progreso al que aspiramos todos se acaben cargando sin remisión.

Los países más avanzados del mundo en términos de desarrollo económico, de progreso, de bienestar, son aquellos que prestan la mayor parte de los servicios a los ciudadanos desde el ámbito municipal. Cualquier reforma de la Administración Local encaminada a alejar a los ciudadanos de la gestión y la prestación de los servicios esenciales no es tolerable porque va contra nuestros intereses.

Quien plantee que es necesario reducir o eliminar lo local lo que está haciendo es reducir, jibarizar nuestra democracia. Porque la participación de los ciudadanos en la gestión de sus intereses solamente es posible en el ámbito de lo local. Solamente es posible la participación directa de los ciudadanos en la gestión de los servicios que se le prestan y en el uso de esos servicios si esos servicios se gestionan y se desarrollan desde el ámbito más próximo a ellos, que es el municipal.

Así es el modelo sueco, el noruego, el finlandés, donde los ciudadanos tienen la posibilidad, en cada municipio, no solo de ser perceptores del servicio que les corresponde sino también de participar, de gestionar, de controlar cómo se presta ese servicio. Cualquier proceso de reforma de lo local que aleje de ese ámbito competencias y servicios está alejándolo directamente de los ciudadanos a los que en teoría tiene que servir.

Pero hay más, y quiero insistir en la idea: la única participación en la que se puede producir la riqueza democrática está en el ámbito de lo municipal. Plantearse que por cuestiones meramente económicas, en definitiva, por cuestiones estrictamente mercantiles tenemos que reducir la participación democrática, reducir el número de municipios, de concejales, reducir el número de todo aquello en lo que se plasme el ejercicio democrático y la representación de los ciudadanos es sencillamente pegarle una patada al taburete de la democracia.

En este momento, lo mismo que a lo largo de los últimos 30 años, lo que los municipios necesitan es una redistribución equitativa de los recursos del Estado. La Administración Local no puede seguir siendo tratada como la pariente pobre.

En nombre de la UGT llevo 30 años reclamando que es necesario establecer, a semejanza de los países más avanzados, una distribución proporcional de esos recursos. Nadie me ha escuchado. Ni los partidos políticos de izquierdas que han gobernado este país durante la etapa democrática, ni los de derechas tampoco, por supuesto.

Y ahora, con esta Reforma Laboral impuesta, en lugar de resolver el problema de financiación, en lugar de avanzar en la línea de acercar los servicios a los ciudadanos, lo que se va a hacer justamente es lo contrario. Nuestro frente es la defensa del ámbito municipal. Si lo municipal no avanza, por más que se empeñen en la centralización de competencias y de recursos en el Estado o en dimensionar las autonomías no mejoraremos, no podremos mejorar ni nuestra democracia ni nuestros servicios, ni nuestro bienestar ni nuestro progreso. 

Estamos, y no es demagogia ni exageración de un sindicalista, ante una auténtica catástrofe humanitaria para cientos de miles de conciudadanos nuestros. Personas, familias enteras que no tienen en este momento otra alternativa que las colas de la caridad y el auxilio social.

A medida que se recortan derechos, la apuesta de quienes han optado por esta política parece ser la caridad y auxilio social. Pues no. No estamos dispuestos a admitirlo. A criterio de la Unión General de Trabajadores los derechos no pueden ser sustituidos por la caridad. La catástrofe humanitaria que están viviendo decenas de miles de compatriotas nuestros cuya única posibilidad es la cola del auxilio social o los contenedores de basura, no podemos tolerarla.

En esta sociedad, hablando de derechos, no nos podemos permitir que haya gente rebuscando en los contenedores de basura para poder subsistir. Si se pierde el concepto de que tenemos de derechos, estamos condenados a vivir en una especie de subdesarrollo legalizado, en una sociedad que, como mucho, de moderna le quedará solo el barniz.

M.P.

Este post es un resumen del discurso que he pronunciado este viernes en Jaén durante la entrega del Premio Progreso, un galardón que anualmente otorga FUDEPA (Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía) a aquellos proyectos de ámbito municipal que destacan por su efecto social y su repercusión sobre la economía local.