El colectivo de empleados públicos tragó con acidez, vómitos y rabia la anterior bajada de remuneraciones, pero se empieza a temer que este nuevo ataque no sea respondido solo con manifestaciones y rechazo en las urnas, sino con la contundente respuesta del "tú me arruinas pero antes te arruino yo a ti".
Y sea por suerte, sea por infortunio, los funcionarios disponen de arsenal suficiente para defenderse y hacer retroceder a sus enemigos.
En este sentido, solo puedo preguntarme: ¿tan irresponsables son los gobernantes? ¿Aún no se han percatado que si unos cuantos funcionarios se lo proponen pueden dejar K.O. al Gobierno y la banca? …
Así, supongamos que los funcionarios públicos, en un momento de rabia, y presos de la inconsciencia, sin calibrar la consecuencia de sus actos, vuelquen en la red los domicilios de banqueros, ejecutivos de banca, grandes empresarios, etc. ¿Quién podría asegurar que, si la cosa se pone caliente (y por desgracia lleva camino), no habría grupos de incontrolados que decidirían tomarse la justicia por su mano y hacerles pagar los desmanes que nos han abocado a la actual crisis? ¡Muchas gracias gobernantes mentecatos por provocar tragedias que parecían de otros tiempos!
En idéntico sentido de lo anterior, imaginemos por un momento que los empleados públicos de Hacienda, hartos de humillaciones y de pagar una crisis que no han provocado, deciden volcar en internet todos los datos a su alcance. ¿Qué ocurriría si centenares de miles de declaraciones de renta y patrimonio comenzaran a circular por la red? ¿Cuántos ladrones, secuestradores y demás morralla podrían disponer de información tan sensible como peligrosa? Imagino que las “mentes pensantes” ni tan siquiera han calibrado esta posibilidad.
Pensemos por un momento que los funcionarios de prisiones filtraran en internet los nombres y apellidos de todos los reclusos con sus correspondientes delitos, incluso los datos de ex reclusos. En una palabra, que cualquiera pueda saber quienes y por qué motivos han estado en la cárcel los últimos veinte o treinta años
Conjeturemos con los antecedentes penales de cientos de miles de ciudadanos publicados en internet.
Apliquemos idéntico planteamiento a los gastos suntuarios de Ayuntamientos, con los nombres y apellidos de los empresarios beneficiados, sus domicilios, etc. En una España encaminada hacia la quiebra económica y social, esta perspectiva me angustia.
Y no olvidemos al personal civil del Ministerio de Defensa o los empleados de Justicia… ¿qué ocurriría si sensibles datos militares circularan? Por no hablar de centenares de miles de sentencias judiciales que resultarían accesibles a cualquiera que navegase en la red.
El borrado “accidental” de multas, expedientes sancionadores, “pérdida” de documentos, etc, también son cuestiones que dependen de la voluntad de los funcionarios.
Por otra parte, a estas alturas, y por mucho que se oculte, a pocos se les escapa ya que el Estado no dispone de efectivos suficientes para reprimir una resistencia ciudadana organizada.
Y aunque el Estado suele alardear con despliegues policiales en las manifestaciones, lo cierto es que ha de traer policías de otras provincias, desprotegiendo muchos lugares y gastando en desplazamientos y dietas.
De hecho, un puñado de mineros mantiene en jaque a todas las fuerzas de seguridad. Circunstancia, por cierto, velada en los medios de comunicación convencionales. Siendo esto así, ¿qué podría ocurrir si muchos funcionarios se rebelaran, si la rebeldía se extendiese? Mucho me temo que el Estado no dispondría de medios para determinar quien, cuando y cómo filtró datos. Algo que además resultaría imposible si el funcionario no deja rastros.
El asunto, como puede verse, no es para tomárselo a broma, las consecuencias pueden resultar fatales para todos (incluso para los grandes poderes) y nadie saldría beneficiado.
Por otra parte, pocas dudan pueden albergarse ya de lo que se pretende: desmantelar lo público (sanidad, educación, pensiones, etc.,) y entregarlo a negociantes incapaces de generar riqueza, a ladrones (perdón, empresarios) que han visto en los servicios públicos una “oportunidad de negocio” para satisfacer un desbocado afán de lucro que no pueden saciar debido a su falta de talento empresarial, pero sí a costa de los funcionarios y los servicios esenciales para el bienestar ciudadano.
Particularmente temo—y bastante—que, ante ello, muchos funcionarios quieran “morir matando”. Y capacidad para “matar” no les falta desde luego, y eso que en este artículo tan solo he esbozado algunas de las fatales consecuencias que vislumbro. Esas actuaciones sin duda serían producto de la ira y la desesperación, pero cuando las personas son dominadas por las pasiones (y más esas) se actúa con inconsciencia. Parece ser que a los gobernantes ni tan siquiera se les ha pasado por la cabeza este escenario, lo que evidencia su estulticia.
Solo me queda desear que, en algún momento, aparezca un estadista capaz de frenar la demencial deriva a la que nos ha abocado la codicia de unos pocos y la irresponsable memez de políticos incompetentes. De lo contrario me parece muy probable que los funcionarios se dejen arrastrar por la ira insensata. Y no sería deseable, obviamente.
