El sindicato del PP ha puesto en marcha una campaña contra los sindicatos de clase en Andalucía. A diferencia de su inactividad, de su indiferencia y de su absoluta parálisis en otras Comunidades Autónomas donde gobierna la derecha, y en las que no han rechazado los planes de ajuste que allí ha propuesto el PP, la autodenominada Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) utiliza el Plan de Ajuste anunciado por la Junta de Andalucía para desarrollar una campaña contra los sindicatos de clase.
La información que el CSIF presenta como subvenciones de la Junta a los sindicatos de clase y que El Mundo y ABC ofrecían, ya por cuarta vez, de manera sesgada en sus ediciones del 31 de mayo, se refiere a los fondos procedentes de las cuotas sobre formación de los trabajadores (que nos descuentan a cada uno de nuestras nóminas) y a fondos procedentes de Europa.
Mienten cuando cuentan lo que cuentan y como lo cuentan. Mienten con absoluta desvergüenza y manipulan con alevosía los datos que ofrecen. Este sindicato de la derecha, algunos de cuyos miembros han formado parte de candidaturas del Partido Popular en las elecciones autonómicas, ha puesto en marcha un ataque sistemático contra los sindicatos de clase, y sirven así a las estrategias de la derecha neoliberal que, como claramente manifiesta en sus actuaciones, pretende acabar con las organizaciones sindicales de clase.
Repiten una mentira mil veces a ver si consiguen convertirla en verdad. Por eso cuentan cuatro veces una misma información sobre los fondos para el desarrollo de políticas activas de empleo. Dicen lo mismo cuatro veces y así la cifra parece que es cuatro veces mayor.
Que quede claro: los fondos que recibimos son legítimos y UGT está legitimada para recibirlos. Cumplimos con su finalidad, que es dedicarlos a cursos de formación para desempleados y trabajadores. Por cierto unos fondos, los que recibimos, que son exactamente la mitad de los que recibe la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para los mismos fines y sólo una parte de los que reciben más de 100 organizaciones e instituciones en toda Andalucía.
El sindicato de la derecha tergiversa estas informaciones porque ellos, como organización corporativa, no tienen posibilidad legal de acceder a los fondos para la formación de trabajadores desempleados, ya que no tienen suficiente representatividad. A este tipo de fondos no, pero a otro tipo de ayudas de la Junta sí tienen acceso.
El sindicato de la derecha recibe subvenciones de la Junta andaluza para la formación ocupacional de los empleados públicos. El sindicato de la derecha recibe subvenciones por su representatividad institucional de los empleados públicos. Unas ayudas que ahora la Junta, dentro del plan de ajuste, plantea recortar y a lo que ellos se oponen rotundamente. Su representante en la reunión de la mesa sectorial así lo puso de manifiesto.
Quiero que quede constancia aquí de mi denuncia de este tipo de maniobras del CSIF, encaminadas solamente a confundir a los trabajadores. Algo que vamos a desenmascarar y a denunciar cada vez que suceda. Los intereses que supuestamente defienden los supeditan a su vasallaje político. Lo hacen al margen de lo cómo les afecte a los 270.000 trabajadores de la Administración cuyo destino en su mayor parte, como ya hemos denunciado en múltiples ocasiones, no les interesa en absoluto.
Sin entrar a valorar la profesionalidad de quienes trabajan en los medios que les siguen el juego, desde el punto de vista sindical es deshonesto y desde el profesional creo que inadmisible presentar una información sobre una actividad legítima, legal y solidaria como es la formación para el empleo a desempleados y a trabajadores tal como lo hacen.
Ya para terminar: Me gustaría ver al CSIF, si realmente quiere comportarse como un sindicato, defendiendo con el resto de los representantes de los trabajadores los intereses de TODOS a la hora de negociar el plan de Ajuste con la Junta de Andalucía.
Me gustaría ver al CSIF andaluz desmarcarse de la política de sus compañeros en otras comunidades autónomas, donde ni siquiera han alzado la voz cuando el PP han empezado a privatizar, vender o eliminar servicios.
Tampoco los hemos visto protestar cuando han empezado los despidos en las administraciones públicas ni cuando decenas de miles de trabajadores y empleados públicos han empezado a ver cómo se recortaban sus salarios y sus derechos, sino que muchos de ellos han perdido ya directamente sus puestos de trabajo.
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