La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha menospreciado a los 78 abogados en nómina con los que cuentan los servicios jurídicos del Ayuntamiento y ha contratado a un bufete externo para personarse en el caso del Madrid Arena. Para más inri, la firma elegida por la dirigente ‘popular’ ha sido la que se ha encargado de la defensa de varios exaltos cargos del PP implicados en la ‘trama Gürtel’.
El bufete por el que ha optado la alcaldesa es el que dirige el vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, al parecer uno de los más solicitados por el entorno del PP, según El Boletín.com. El Ayuntamiento pagará por el servicio hasta 18.000 euros más IVA, según confirmaron fuentes municipales a Libertad Digital, que han puntualizado que el contrato con el despacho de Rodríguez Ramos es “menor, ajustado a los límites de tal contratación, y por tanto los honorarios profesionales se encuentran limitados por el límite legal para este tipo de contratos: 18.000€, IVA excluido”.
El fiscal desestimó que el Ayuntamiento fuera acusación
Botella ha insistido en personarse en este caso a pesar de que el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, desestimó esta solicitud del Ayuntamiento por considerarla “no razonable” teniendo en cuenta que el Consistoria podría ser “responsable civil subsidiario” de la tragedia, que costó la vida a cuatro adolescentes.
El vicealcalde no puede confirmar si hay abogados penalistas
El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, en el ojo del huracán de este caso por sus relaciones con el empresario de la macrofiesta, fue preguntado ayer por los servicios jurídicos con los que cuenta el Ayuntamiento, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal. “No le puedo decir si hay algún abogado penalista” en el equipo del que dispone el Consistorio, respondió el número dos de Botella, que precisó que ese equipo de profesionales está encargado de velar por los derechos de los miembros y por los intereses municipales pero se dedica, sobre todo, a asuntos relacionados con lo contencioso administrativo. Según dijo, 11 letrados se limitan a realizar informes jurídicos, por lo que no llevan a cabo la representación procesal, mientras que 26 que sí asisten a juicios, aunque sobre procedimientos contenciosos. El resto, hasta 78, hace funciones administrativas.
El despacho preferido por implicados del PP en Gürtel
El escándalo no termina en la decisión de la alcaldesa de pagar con dinero público el servicio externo de abogados. Ana Botella ha elegido para llevar a cabo su voluntad de personarse en el caso Madrid Arena al despacho de abogados que ha representado al exdiputado de la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, al exdiputado en el Congreso, Jesús Merino, y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, todos implicados en la trama Gürtel.
La alcaldesa imita al Albondiguilla
Con su decisión de recurrir a servicios jurídicos externos, la alcaldesa ha imitado al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (El Albondiguilla), que tuvo que dimitir por su implicación en la misma trama de corrupción. En su etapa como regidor, Panero tenía entre sus asesores jurídicos a profesionales del despacho dirigido por el exministro de Justicia popular José María Michavila. En un proceso contra él por autorizar el pago de complementos irregulares a las pagas extras de los funcionarios munnicipales, en el que finalmente fue condenado por el Tribunal de Cuentas, pagó a un abogado privado con fondos del Ayuntamiento, 30.000 euros, según publicó ELPLURAL.COM en 2010. Se trataba del letrado Gustavo Galán, vinculado a la Gürtel, al actuar como defensor de la imputada Isabel Jordán, administradora de varias de las empresas de Francisco Correa.
elplural.com
El fiscal desestimó que el Ayuntamiento fuera acusación
Botella ha insistido en personarse en este caso a pesar de que el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, desestimó esta solicitud del Ayuntamiento por considerarla “no razonable” teniendo en cuenta que el Consistoria podría ser “responsable civil subsidiario” de la tragedia, que costó la vida a cuatro adolescentes.
El vicealcalde no puede confirmar si hay abogados penalistas
El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, en el ojo del huracán de este caso por sus relaciones con el empresario de la macrofiesta, fue preguntado ayer por los servicios jurídicos con los que cuenta el Ayuntamiento, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal. “No le puedo decir si hay algún abogado penalista” en el equipo del que dispone el Consistorio, respondió el número dos de Botella, que precisó que ese equipo de profesionales está encargado de velar por los derechos de los miembros y por los intereses municipales pero se dedica, sobre todo, a asuntos relacionados con lo contencioso administrativo. Según dijo, 11 letrados se limitan a realizar informes jurídicos, por lo que no llevan a cabo la representación procesal, mientras que 26 que sí asisten a juicios, aunque sobre procedimientos contenciosos. El resto, hasta 78, hace funciones administrativas.
El despacho preferido por implicados del PP en Gürtel
El escándalo no termina en la decisión de la alcaldesa de pagar con dinero público el servicio externo de abogados. Ana Botella ha elegido para llevar a cabo su voluntad de personarse en el caso Madrid Arena al despacho de abogados que ha representado al exdiputado de la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, al exdiputado en el Congreso, Jesús Merino, y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, todos implicados en la trama Gürtel.
La alcaldesa imita al Albondiguilla
Con su decisión de recurrir a servicios jurídicos externos, la alcaldesa ha imitado al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (El Albondiguilla), que tuvo que dimitir por su implicación en la misma trama de corrupción. En su etapa como regidor, Panero tenía entre sus asesores jurídicos a profesionales del despacho dirigido por el exministro de Justicia popular José María Michavila. En un proceso contra él por autorizar el pago de complementos irregulares a las pagas extras de los funcionarios munnicipales, en el que finalmente fue condenado por el Tribunal de Cuentas, pagó a un abogado privado con fondos del Ayuntamiento, 30.000 euros, según publicó ELPLURAL.COM en 2010. Se trataba del letrado Gustavo Galán, vinculado a la Gürtel, al actuar como defensor de la imputada Isabel Jordán, administradora de varias de las empresas de Francisco Correa.
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